Es ilegal la decisión de aplicar una sanción que no corresponde con la infracción imputada, y además arbitraria, al afirmar su determinación en antecedentes que resultan débiles e insuficientes para dar por acreditada la transgresión atribuida.

De esta forma, se tutela el derecho a una salud y vida digna que le asiste al infante.

Se alega que la recurrida se niega a dar la cobertura contratada, como plan preferente y con 100% sin tope, soslayando que el actor tiene un contrato de prestaciones médicas, cuyo fin es concurrir a la cobertura de las prestaciones necesarias y todos los procedimientos médicos atingentes a la recuperación de su salud.

La inactividad de las instituciones públicas recurridas aparece arbitraria y carente de justificación, y, asimismo ilegal desde que contradice derechamente su mandato legal.

La población privada de libertad tiene derecho a recibir atención médica de diversos especialistas, así como tratamientos completos en forma oportuna.

El derecho a la salud reproductiva consagra el acceso a los métodos alternativos a la fecundación natural.

El fármaco cuenta con la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos, lo que garantiza calidad, seguridad y eficacia de la vacuna.

La edad máxima de vacunación establecida en el Programa Nacional de Vacunación sólo se sustenta en motivos económicos que no pueden prevalecer por sobre el derecho a la salud.

La Corte debe velar en sede de protección por la efectiva vigencia y realización de los derechos garantizados por la Carta Magna.

La Región de Salta fue declara en emergencia sociosanitaria tras el fallecimiento por desnutrición de seis niños indígenas de la etnia wichí.