Se estima que para el año 2050, más de 900 millones de personas en el mundo padecerán pérdida de audición en algún grado, según cifras de la Organización Mundial de la Salud.

La institución religiosa se había negado a brindarle una alimentación especial que se adaptara a su condición de diabética y a cubrir sus gastos médicos.

La Corte resalta que los Estados deben proporcionar los servicios de salud necesarios para prevenir posibles discapacidades, así como prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades.

Tiene como objetivo garantizar la atención de las personas CEA, estableciendo como deber del Estado la prestación oportuna de un diagnóstico acabado y profesional, así como la dotación de las herramientas suficientes para potenciar las habilidades de los niños y niñas bajo esta condición.

Los organismos de salud pública tienen un deber de asegurar el derecho a la salud, no pudiendo negarse injustificadamente a otorgar una prestación con el fin de garantizar este derecho.

Es competencia de la Ciudad de Buenos Aires regular la apertura de las escuelas en el marco de la crisis sanitaria. El Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente, pero no puede decidir autónomamente.

Estas deudas manchan los informes comerciales de los pacientes y dificultan el acceso a nuevos créditos o trabajos.

Superintendencia de Salud ha cursado 58 sanciones a la Clínica Dávila, Tabancura, Bicentenario, Vespucio y Hospital Clínico Universidad Católica por supeditar prestaciones médicas al pago o garantía de las mismas.

El tribunal de Alzada resolvió que la decisión careció de razonabilidad.

La Magistratura constitucional colombiana adujo que este derecho se satisface con la realización de exámenes y la consecuente prescripción de tratamientos que se deben determinar con el máximo grado de certeza permitido por la ciencia y la tecnología para aplicar el procedimiento médico más adecuado.