Negar el único fármaco imprescindible para el tratamiento de la patología, es arbitrario y amenaza, además, la garantía del derecho a la vida, puesto que, como consecuencia de esa decisión, se niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia.

Cuando una persona es privada de la libertad, se separa temporalmente de la sociedad, lo que hace que el Estado asuma la responsabilidad de satisfacer sus necesidades básicas y proteger sus derechos, ya que la persona bajo estas circunstancias no puede proveerse por sí misma de los bienes y servicios necesarios para subsistir. Por tanto, el Estado, a través de las autoridades carcelarias, tiene la obligación de asegurar condiciones que permitan una existencia digna.

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley, el gobierno escocés ha publicado una guía reglamentaria como dirigida a los responsables de su aplicación. Esta legislación se enmarca dentro de una serie de normativas adoptadas recientemente en Escocia que buscan reforzar el bienestar y los derechos de los niños.

La relación con las mascotas no solo debe ser entendida desde la instrumentalidad, sino también a partir del valor que tienen en sí mismos y los efectos que su relación con los seres humanos genera. El acompañamiento de un perro de apoyo emocional es un tratamiento dictaminado profesionalmente, por lo que debe ser ordenado por el médico o psicólogo tratante, teniendo en cuenta las condiciones del caso concreto.

En el caso que nos ocupa, el niño recién nacido no tiene autonomía para decidir por sí, ni capacidad para elegir y realizar acciones basadas en creencias o valores. El derecho a la vida y a la salud de quien los peticionantes representan de modo complementariamente colisiona con el derecho de los padres a tomar decisiones sobre la persona de su hijo bajo sus valores.

Es usual observar a diario las solicitudes de bingos, lotas, rifas realizadas por personas que se ven expuestas a una enfermedad poco común y de alto valor con prestaciones que la salud pública no está en condición es de otorgar.

Por lo que se refiere específicamente a la infracción relativa al acuerdo celebrado con Lupin, se declara que el Tribunal General incurrió en un error al dar por válida la duración que debía tenerse en cuenta a efectos de la determinación del importe de la multa. Habida cuenta de este error, el importe de la multa relativa a esta infracción, fijado inicialmente en 37.102.100 euros, se reduce a la cantidad de 34.745.100 euros.

Los contratos de salud deben conformarse a las normas vigentes, más aún cuando éstas tienen por objetivo resguardar la garantía constitucional de la igualdad, al prohibir la discriminación.

Puede afirmarse que la acusada voluntariamente dejó de suministrar un medicamento a su hijo menor, que durante esa época la situación del menor empeora y a pesar de ese empeoramiento que es objetivo, la acusada sigue sin suministrar el tratamiento que le había prescrito el médico.

Las autoridades y las entidades prestadoras de servicios de salud en los establecimientos, tienen obligaciones y competencias relacionadas con la atención integral de los niños que conviven con sus madres en los centros de reclusión. En el marco de esa atención, esas entidades deben garantizar la protección constitucional reforzada de niños, así como la prevalencia del interés superior del menor de edad.