Es usual observar a diario las solicitudes de bingos, lotas, rifas realizadas por personas que se ven expuestas a una enfermedad poco común y de alto valor con prestaciones que la salud pública no está en condición es de otorgar.

Por lo que se refiere específicamente a la infracción relativa al acuerdo celebrado con Lupin, se declara que el Tribunal General incurrió en un error al dar por válida la duración que debía tenerse en cuenta a efectos de la determinación del importe de la multa. Habida cuenta de este error, el importe de la multa relativa a esta infracción, fijado inicialmente en 37.102.100 euros, se reduce a la cantidad de 34.745.100 euros.

Los contratos de salud deben conformarse a las normas vigentes, más aún cuando éstas tienen por objetivo resguardar la garantía constitucional de la igualdad, al prohibir la discriminación.

Puede afirmarse que la acusada voluntariamente dejó de suministrar un medicamento a su hijo menor, que durante esa época la situación del menor empeora y a pesar de ese empeoramiento que es objetivo, la acusada sigue sin suministrar el tratamiento que le había prescrito el médico.

Las autoridades y las entidades prestadoras de servicios de salud en los establecimientos, tienen obligaciones y competencias relacionadas con la atención integral de los niños que conviven con sus madres en los centros de reclusión. En el marco de esa atención, esas entidades deben garantizar la protección constitucional reforzada de niños, así como la prevalencia del interés superior del menor de edad.

Sería aconsejable que los familiares de las personas que requieren un cuidador puedan ser contratados por las entidades prestadoras de servicios de salud para suministrar ese servicio de manera remunerada, siempre y cuando esas entidades les garanticen un entrenamiento adecuado.

La función que desempeñaba cada uno de los ciudadanos que se vacunaba, no solo le beneficiaba a él sino a toda la colectividad, y si ahora no se atendiera a quienes se han visto singularmente perjudicados a consecuencia de esta actividad individual y de trascendencia colectiva se rompería el principio de igualdad en el levantamiento de las cargas o de los peligros que acechan a la sociedad. De ahí que exista un principio de solidaridad social.

La rehabilitación funcional se refiere a un proceso de acciones médicas y terapéuticas encaminadas a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que les posibilite modificar su propia vida y ser más independientes.

Sirviéndose de su cargo y de su acceso directo a la elaboración y contenido de los listados oficiales de personal y residentes en centros residenciales dependientes, la acusada -pese a conocer que no tenía por entonces derecho a ello, por no hallarse entre las personas incluidas en los colectivos prioritarios-, había decidido unilateralmente su inclusión en el listado oficial de personas a vacunar.

Se configura un déficit de protección en el marco de la prestación del servicio militar por parte de mujeres que, eventualmente, podrían ejercer un rol reproductivo. Esta ausencia regulatoria también desconoce el interés superior del menor de edad que sea gestado en curso de la prestación voluntaria de dicho servicio.