Los requirentes alegan que la normativa impugnada al negar de plano su petición de nulidad de todo lo obrado, les impide hacer valer sus derechos en juicio.
La misma resulta contraria al debido proceso por no garantizar el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, lo que no se aviene con un proceso racional y justo.
Consignación previa no se ajusta a la garantía de tutela judicial efectiva. Contraviene el derecho al recurso.
Durante la pandemia, en otras sedes jurisdiccionales se han logrado desarrollar sendas audiencias, tales como juicios simplificados y orales, en especial en todos aquellos casos en que existen afectaciones a derechos fundamentales de algunos de los intervinientes.
El Tribunal Supremo británico señaló que, en primer lugar, el Tribunal de Apelaciones erró en su consideración en cuanto a la procedencia de una apelación contra una decisión del Secretario de Estado para denegar a una persona un permiso de entrada.
La sentencia advierte que, dada la secuencia de hechos que relatan en la gestión, no es posible afirmar que estemos en presencia de vicios de constitucionalidad.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva y los Ministros García y Pica, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.
La gestión pendiente incide en autos sobre terminación de contrato por no pago de rentas, restitución del bien arrendado, cobro de rentas e indemnización de perjuicios, seguido ante el Decimoquinto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Pozo y de la Ministra Silva, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, por concurrir la causal prevista en el artículo 84 N° 5 de la LOCTC.
