La garantía de estabilidad ocupacional reforzada no elimina la facultad de terminar la vinculación, sino que obliga a que se use a la luz de la Constitución. De allí que, tal extensión puede imponer cargas importantes a los empresarios, pero su intensidad no es de tal magnitud que justifique la desprotección y discriminación de un grupo que ostenta el derecho a una especial protección constitucional.
Previo a esta ley, Zimbabue mantenía un estatus de moratoria de facto sobre la pena de muerte, ya que la última ejecución se realizó hace casi 20 años. No obstante, no existía una declaración formal que prohibiera su aplicación, ni tampoco una derogación de las disposiciones legales que la contemplaban.
El caso Beatriz vs. El Salvador plantea una discusión sin precedentes sobre el aborto, y las campañas de la sociedad civil, como las que intentan influir en los jueces de la Corte IDH, abren un debate sobre los límites de la libertad de expresión.
El servicio domiciliario de energía eléctrica no es, en sentido estricto, una prestación de salud. Sin embargo, hay casos en donde los pacientes deben consumir energía eléctrica para el funcionamiento de dispositivos médicos eléctricos. La jurisprudencia constitucional ha indicado que se constituye una barrera para los usuarios y pacientes cuando se debe asumir un costo para acceder al servicio de salud y no se cuenta con los recursos para ello.
Las autoridades no aplicaron rigurosamente los protocolos, actuaron con deficiencias. En particular, frente a denuncias serias de que el acusado había sido violento y probablemente estaba en posesión ilegal de armas. No actuaron de una manera inmediata y decisiva que podría haber alterado el trágico desenlace.
En el contexto actual, la legislación del Reino Unido penaliza cualquier forma de asistencia en el suicidio, lo que genera conflictos legales y emocionales significativos para las familias de pacientes terminales. En esta línea, el proyecto de ley busca establecer un marco regulatorio específico que brinde claridad y certidumbre jurídica en tales casos.
No todo supuesto riesgo para la vida puede hacer que las autoridades cumplan la obligación del Convenio de adoptar medidas operativas para impedir que se materialice ese riesgo. Sólo surgirá una obligación positiva cuando se haya demostrado que las autoridades sabían o debían haber sabido que existía un riesgo real e inmediato para la vida.
El ejercicio de las actividades de inteligencia a cargo de los organismos del Estado, dados los medios empleados y su incidencia en la obtención y utilización de información, incluidos datos personales, supone una injerencia en la esfera de derechos de las personas, en particular del derecho a la vida privada.
Se ha reiterado el carácter permanente de los actos constitutivos de desaparición forzada mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, así como la naturaleza pluriofensiva que sus consecuencias acarrean a distintos derechos reconocidos en la Convención Americana.
El fallo se enmarca en el contexto de principios internacionales sobre derechos humanos y medioambiente, tales como los establecidos por el Comité de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas, que promueven el deber de los Estados de aplicar efectivamente sus regulaciones ambientales y de ofrecer recursos legales ante las violaciones de derechos humanos y normativas ambientales nacionales.
Las autoridades alcanzaron un justo equilibrio entre la necesidad de proteger la salud y los derechos y libertades de los demás en este caso. La prohibición de la manifestación fue necesaria en una sociedad democrática, y no hubo violación del derecho del sindicato a la libertad de reunión.
