El máximo Tribunal ordenó al nosocomio realizar la operación necesaria para que el paciente pueda superar un diagnóstico de artrosis de rodilla, e impuso un plazo de tres meses al recinto para cumplir. Asimismo, la magistratura indicó que en este caso no se respetó la calidad de adulto mayor del afectado, y se le ingresó en una lista de espera común, siendo que posee preferencia debido a su edad.
Sería aconsejable que los familiares de las personas que requieren un cuidador puedan ser contratados por las entidades prestadoras de servicios de salud para suministrar ese servicio de manera remunerada, siempre y cuando esas entidades les garanticen un entrenamiento adecuado.
La magistratura estimó que, sin perjuicio de las acciones administrativas el municipio no puede excusarse de brindar soluciones a los vecinos que acusan vulnerado el derecho a la vida e integridad psíquica, debido a la falta de fiscalización al aumento del comercio ambulante, instalación de carpas de personas en situación de calle, deterioro de los espacios público y un notable aumento en los índices de inseguridad de la zona; le ordenó coordinarse con las autoridades respectivas para implementar paulatinamente programas de control y recuperación del barrio.
La función que desempeñaba cada uno de los ciudadanos que se vacunaba, no solo le beneficiaba a él sino a toda la colectividad, y si ahora no se atendiera a quienes se han visto singularmente perjudicados a consecuencia de esta actividad individual y de trascendencia colectiva se rompería el principio de igualdad en el levantamiento de las cargas o de los peligros que acechan a la sociedad. De ahí que exista un principio de solidaridad social.
El Estado argentino habría incurrido en presuntas violaciones de los derechos a la vida, integridad personal y protección a la niñez, así como a las garantías procesales y protección judicial, en relación con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Estado no ha adoptado ningún tipo de acción reciente para atender la situación que enfrentan los integrantes de la organización PROVEA. Lo anterior ha llevado a que los factores de riesgo identificados por la Comisión en 2015 y 2019 no se concentren solo en las personas que tienen cargos de coordinación, sino también en el resto de las personas que integran la mencionada organización.
Los demandantes alegan que los planes climáticos de Corea del Sur no son adecuados para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 1,5 grados Celsius con respecto a los niveles «preindustriales», lo que a su juicio vulnera sus derechos fundamentales.
Como han puesto de relieve múltiples organismos y organizaciones internacionales, en un contexto de crisis climática estamos enfrentados a otros tipos de movilidades humanas, más allá de las producidas por la violencia y el conflicto, que muestran la necesidad de comprender el desplazamiento forzado interno de manera más amplia.
Los hechos descritos sugieren que la situación de riesgo es susceptible de continuar y exacerbarse con el tiempo, atendiendo a la naturaleza de los hechos alegados en el contexto en el que se insertan, de tal forma que resulta necesario adoptar medidas para salvaguardar sus derechos a la vida e integridad personal de manera inmediata.
Los prestadores privados de salud sólo están obligados a brindar el servicio en caso de urgencias, por lo tanto, la Clínica puede negarse a atender a un cliente que mantiene deudas impagas por servicios prestados con anterioridad, razona la Corte Suprema. En voto disidente, el ministro Sergio Muñoz estimó que negar la atención médica en función de una deuda previa, es un acto de autotutela por parte del nosocomio.
Los incidentes no fueron aislados y fueron suficientemente numerosos e interconectados como para constituir un patrón o sistema (“práctica administrativa”). El Gobierno ruso no argumentó, y mucho menos fundamentó, que los incidentes que implicaron asesinatos, malos tratos, arrestos y detenciones a gran escala no habían tenido lugar.
