El Estado debe adoptar medidas adicionales para que las personas puedan preservar sus ingresos mientras transitan a la formalidad o a algún mecanismo de protección social. Asegura la protección del principio de confianza legítima y ampara otros derechos como los derechos a la vida digna, al trabajo y el mínimo vital de los vendedores informales.
La jurisprudencia sostiene que en materia probatoria los mensajes de datos que circulan a través de medios electrónicos son medios de prueba. En ese sentido, debido al auge tecnológico e informático de programas de mensajería instantánea como WhatsApp, cobra relevancia el concepto de sana crítica en materia de valoración probatoria en entornos judiciales.
La calificación de la pérdida de capacidad laboral es un derecho que asiste a las personas, independientemente del régimen de seguridad social al que se encuentren vinculadas y es el medio para acceder a los derechos a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital cuando sobreviene una invalidez, bien sea de origen común o laboral.
