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La información publicada por la recurrida no puede fundamentar un recurso de protección, aunque la afectada estime que la divulgación de ese hecho le perjudique. En efecto, muchas informaciones pueden afectar el sentir de las personas a las que se refieren, pero el valor jurídico del derecho a informar prevalece sobre intereses legítimos, pero individuales, salvo excepciones legalmente calificadas, lo que no ocurre en el presente caso, máxime tratándose de una autoridad que constituye una persona pública.