Hay suficientes elementos que permiten relacionar la situación del obispo con los hechos que justificaron la adopción de medidas provisionales en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua. Ello lleva a la Corte a constatar que, prima facie, se configuran los mismos factores de riesgo que se han identificado en las Resoluciones adoptadas en este asunto.

No existen motivos para dudar de las conclusiones de las autoridades con respecto a las circunstancias personales del demandante, a las que se había llegado tras un examen exhaustivo y racional. En particular, constataron la inconsistencia en los motivos de sus dos solicitudes de asilo: originalmente solicitó asilo debido a las amenazas de la mafia libia; luego porque había trabajado para el régimen de Gaddafi.

Solo en circunstancias muy excepcionales un demandante puede alegar ser víctima de una futura violación al Convenio. Para que una mujer en edad fértil en Polonia pueda alegar que fue víctima de las restricciones al acceso al aborto terapéutico, tendría que presentar pruebas razonables y convincentes de la probabilidad de una eventual vulneración. La mera sospecha o conjetura es insuficiente.

Según los antecedentes recabados, ambos opositores murieron en un accidente de tránsito provocado por agentes estatales. Si bien las autoridades cubanas atribuyeron toda la responsabilidad del hecho al conductor, las investigaciones que rodearon el caso fueron duramente cuestionadas dado el secretismo con que fueron llevadas.

El no pago de las licencias médicas, sin duda repercute en el patrimonio de la actora al impedir su acceso al subsidio por enfermedad, lo que en forma indefectible deriva en que no pueda recuperar su salud mental.

La investigación realizada por las autoridades internas no ha estado abierta al escrutinio y no tuvo en cuenta el derecho de la víctima a participar en el proceso. Además, no exploró las alegaciones de un posible motivo político detrás del intento de asesinato, así como la posible participación o colusión de agentes estatales.

Si bien el derecho fundamental al agua no tiene reconocimiento expreso en la Constitución, la jurisprudencia ha entendido que sí está reconocido por la Carta Política y que es un derecho autónomo. A partir de ello, la Corte ha precisado que el Estado tiene varias obligaciones y deberes, como asegurar cantidad suficiente, disponibilidad, calidad adecuada, accesibilidad física y asequibilidad para los usuarios.

El acusado arriesga ser condenado a cadena perpetua e incluso a pena de muerte, en los casos de “homosexualidad agravada”. También contempla penas de hasta 20 años de cárcel para aquellos que promuevan las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo.

Si bien la mayoría de los Estados miembros de la OEA han abolido la pena de muerte, una minoría significativa aún se aferra a esta forma de castigo. En cuanto a los Estados que mantienen la pena de muerte, existen una serie de restricciones y limitaciones establecidas en los instrumentos regionales de derechos humanos que los Estados están obligados a cumplir de conformidad con el derecho internacional.

La limitación legal no es caprichosa, ya que el espíritu del legislador ha sido el de amalgamar, por un lado, un acto de extrema generosidad humana, como es la donación por parte de un donante vivo de un órgano de su propio cuerpo, es decir, un acto de verdadero amor; y, por otro lado, evitar el tráfico comercial de órganos de donantes vivos que conviertan la ablación en una fuente de ingresos en perjuicio del propio donante.