No se puede criticar al legislador por obligar a los médicos a respetar la voluntad del solicitante o por imponerles un deber de confidencialidad y secreto médico. El respeto al carácter confidencial de la información médica es un principio esencial y por ello se debe proteger no solo la privacidad de los pacientes sino también mantener su confianza en la profesión médica y los servicios de salud en general.

La decisión administrativa es arbitraria por ser un obstáculo al derecho a la vida del recurrente, quien puede subsistir gracias al medicamento donado; además, la internación del fármaco no constituye un gasto para las arcas del Fisco por ser una donación en el marco de una colaboración científica.

El recurso de protección no es una acción cautelar de emergencia, en el entendido, que la recurrente ya está recibiendo un tratamiento considerado como el adecuado.

El Estado no explicó si se había establecido un marco legislativo y administrativo adecuado para proteger a los ciudadanos contra la arbitrariedad y el abuso de la fuerza. La policía respondió a la víctima que intentaba escapar en términos de que no pueden considerarse como “nada más que absolutamente necesario.

Razones de orden económico no deben invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y la integridad física o psíquica de una persona.

De esta forma, se tutela el derecho a una salud y vida digna que le asiste al infante.

Se alega que la recurrida se niega a dar la cobertura contratada, como plan preferente y con 100% sin tope, soslayando que el actor tiene un contrato de prestaciones médicas, cuyo fin es concurrir a la cobertura de las prestaciones necesarias y todos los procedimientos médicos atingentes a la recuperación de su salud.

En la especie, se infringen los artículos 2 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, los cuales, garantizan el derecho a la vida y la prohibición de la discriminación, respectivamente.

La negativa de proporcionar a la actora la cobertura solicitada argumentando la inexistencia de un código, carece de razonabilidad y vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N°1 y 24, de la Carta Fundamental.

Al negarse a proporcionar un medicamento indispensable para la sobrevida e integridad física del menor, sobre la base de consideraciones de índole administrativa y económica, se ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal.