El fallo se enmarca en el contexto de principios internacionales sobre derechos humanos y medioambiente, tales como los establecidos por el Comité de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas, que promueven el deber de los Estados de aplicar efectivamente sus regulaciones ambientales y de ofrecer recursos legales ante las violaciones de derechos humanos y normativas ambientales nacionales.

Las autoridades alcanzaron un justo equilibrio entre la necesidad de proteger la salud y los derechos y libertades de los demás en este caso. La prohibición de la manifestación fue necesaria en una sociedad democrática, y no hubo violación del derecho del sindicato a la libertad de reunión.

Resulta importante resaltar que el cáncer de mama es una enfermedad que afecta directamente a las mujeres, por lo que su diagnóstico y tratamiento debería ser abordado con una perspectiva de género, que permita hacer efectiva la política pública de prevención, detección y tratamiento oportuno, que integre desde los diferentes espacios de participación de la sociedad civil y desde las diferentes instituciones públicas y privadas.

El origen de la demanda se remonta a la naturalización del actor en Estados Unidos en 2004, después de residir en dicho país por un período prolongado. En 2017, se descubrió que poseía doble nacionalidad, lo que derivó en la pérdida automática de su nacionalidad japonesa, conforme a lo dispuesto en la ley.

Hubo serias deficiencias en la coordinación de la atención médica y en la comunicación entre las diversas autoridades médicas involucradas en el caso, lo que resultó que solo recibiera atención médica limitada y tratamiento tras su regreso del hospital. Las autoridades, por lo tanto, no hicieron todo lo que cabía esperar de ellas para proteger la vida del hombre, quien estaba completamente bajo su control.

Es inverosímil que el deterioro de la salud de la mujer y su muerte hubieran sido hechos repentinos o aislados o causados por acontecimientos impredecibles que las autoridades no hubieran podido evitar. Se constata que las autoridades no proporcionaron el nivel de protección necesario que les habría permitido evitar el deterioro de la salud de la afectada y su muerte prematura.

Los demandantes afirman que la normativa incrementa el riesgo de que las personas con discapacidad elijan la muerte antes que recibir el apoyo médico y social necesario, lo que contrasta con el tratamiento ofrecido a personas sin discapacidad, a quienes se les proponen alternativas médicas u otras opciones de manejo de sus afecciones, en lugar de la muerte.

La ley polaca permite la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de la mujer se vean comprometidas. En este sentido, el concepto de «salud» es interpretado de manera general, lo que incluye tanto la salud física como mental.

La presentación de este recurso se enmarca dentro del contexto legal establecido por la Corte Suprema de Canadá en su decisión de 2015 en el caso Carter v. Canadá, que declaró inconstitucionales las secciones del Código Penal que prohibían la asistencia médica para morir.

Cuando una persona es privada de la libertad, se separa temporalmente de la sociedad, lo que hace que el Estado asuma la responsabilidad de satisfacer sus necesidades básicas y proteger sus derechos, ya que la persona bajo estas circunstancias no puede proveerse por sí misma de los bienes y servicios necesarios para subsistir. Por tanto, el Estado, a través de las autoridades carcelarias, tiene la obligación de asegurar condiciones que permitan una existencia digna.