La recurrida se negó a cumplir el pacto fundado en una enfermedad preexistente, no obstante, no acreditó que los padecimientos previos del asegurado tuvieran relación con el siniestro denunciado, por lo tanto, debe pagar todos los gastos médicos desembolsados por el actor.

El derecho a la salud representa para el Estado la obligación de garantizar a todas las personas el disfrute de servicios de salud a través de la atención médica, cuya finalidad es proteger, promover y respetar la salud de manera preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa, a fin de conseguir su bienestar físico y mental, para así contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.

El accionar del demandado vulnera la voluntad procreacional, como también el principio de igualdad y no discriminación. Resulta evidente que el patrón socio-cultural y el estereotipo de género que invoca el demandado de manera autoritaria, tiene por objeto negar un derecho o beneficio que el ordenamiento jurídico reconoce a la parte actora.

Este procedimiento tiene como fin llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención. La aceptación de llevar a cabo este trámite expresa la buena fe del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención en virtud del principio pacta sunt servanda.

Si bien la madre puede haber tomado la decisión denegatoria pensando en el interés superior de su hijo, nada puede ser más contrario a ello que adoptar una postura que pueda redundar exactamente en todo lo opuesto, esto es, en la muerte del niño.

La demora excesiva y la despreocupación del recinto hacia la salud de la recurrente, constituyen un acto arbitrario que vulnera el derecho a salud de la afectada, que permanece a la espera en las listas del nosocomio para la realización de la cirugía de prótesis a ambas rodillas, que -hasta el momento- no es prioritaria para el hospital.

Se requiere una actuación pronta y expedita de parte del Estado, considerando que el propuesto beneficiario se encuentra bajo su custodia y continuaría sufriendo episodios frecuentes de convulsión en el tiempo. De manera reciente, se informó, por ejemplo, que se habría lesionado en un episodio epiléptico del 7 de agosto de 2023.

La pobreza afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad. Los costos adicionales de vivir con una discapacidad equivalen a una “barrera infranqueable” para el ejercicio de los derechos de este colectivo. La pobreza y la pobreza extrema se presentan como factores ambientales y sociales de riesgo que inciden en el desarrollo de una discapacidad.

El ente rector del balompié nacional vulneró la imagen, integridad psíquica, y libertad del trabajo del ex árbitro, al adoptar medidas que hicieron suponer malos tratos hacia el funcionario luego de darse a conocer una serie de reclamos del sindicato de árbitros de fútbol local, por presuntos actos de corrupción de Castrilli.

La vigencia de las fuentes de riesgo de los fiscales y su relación con los eventos que vienen enfrentando actualmente, reflejan que su situación requiere la inmediata intervención del Estado. Su situación continuará intensificándose en la medida que avancen las investigaciones del Equipo que lideran al interior del Ministerio Público en el actual contexto.