El actor no presentó pruebas, como informes médicos, sobre los supuestos malos tratos; tampoco aportó copias de las declaraciones que hizo en las etapas de investigación o juicio, ni cualquier otra cosa que permitiera al Tribunal examinar sus alegaciones de malos tratos. Del mismo modo, no ofreció ninguna razón para su queja sobre la falta de objetividad e imparcialidad de los tribunales.

La inclusión del juez recusado en el panel de magistrados que posteriormente examinó el caso del solicitante fue, en tales circunstancias, suficiente para generar dudas sobre la imparcialidad objetiva del Tribunal Supremo en su fallo. Por lo tanto, existió una violación del Artículo 6.1 debido a la falta de imparcialidad objetiva.

No está específicamente prohibido que un tribunal base una decisión en un testimonio incriminatorio ofrecido por un cómplice. Sin embargo, dado que esto puede afectar la equidad del juicio, se debe evaluar la equidad del procedimiento penal en su conjunto.

El artículo 37.1 del Convenio permite a este Tribunal eliminar un caso de su lista si “por cualquier otra razón establecida por el Tribunal, ya no se justifica continuar con el examen de la solicitud”. Sin embargo, se debe continuar con el examen de la solicitud si el respeto por los derechos humanos, tal como se define en la Convención y sus Protocolos, así lo requiere.

Los jueces tomaron pruebas directamente de los coacusados y de un testigo particularmente importante. Además, el uso por parte de los tribunales de una grabación de otros testimonios de testigos para adoptar sus decisiones era compatible con los requisitos del derecho de la solicitante a un justo juicio y no comprometió la esencia de dicho derecho.

Las sentencias no se habían ejecutado, como consecuencia de cambios por parte de las diversas autoridades involucradas, y el uso del terreno en cuestión había seguido restringido desde 2003, una situación que seguía vigente. Esta situación revelaba la falta de un recurso efectivo para obligar a las autoridades a cumplir las decisiones judiciales relativas a la propiedad de los demandantes.

Se emplean dos criterios para verificar la imparcialidad de un tribunal a los fines del artículo 6.1: en primer lugar, un criterio subjetivo, que busca determinar si un juez ha mostrado prejuicio personal o parcialidad en un caso dado; y luego, un criterio objetivo, que busca verificar si el tribunal en sí ofrece, especialmente por su composición, garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre su imparcialidad.

El Convenio franco-monegasco de 2005 preveía expresamente que la duración de las comisiones de servicio era de tres años, «renovables una vez», salvo pacto en contrario en vigor entre los dos Estados y sujeto a posibles excepciones. Este texto no especificaba que la renovación de la comisión de servicio se concedería automáticamente al final del período de tres años.

El Tribunal Constitucional incumplió su obligación de comunicar a los demandantes razones válidas para justificar su decisión de rechazar los recursos, lo que equivale a una violación del artículo 6 del Convenio. Como resultado de esta decisión, los demandantes ahora tendrán la posibilidad de obtener la reapertura del procedimiento que les concierne.

La Marina revisó las sentencias y dictaminó la reducción de las mismas para la mayoría de los condenados, y la anulación de las condenas para dos de ellos. No obstante, la reciente exoneración de los 256 marineros afroamericanos reconoce los errores legales y procesales cometidos por los tribunales militares iniciales, proporcionando una rectificación a las condenas impuestas.