Se emplean dos criterios para verificar la imparcialidad de un tribunal a los fines del artículo 6.1: en primer lugar, un criterio subjetivo, que busca determinar si un juez ha mostrado prejuicio personal o parcialidad en un caso dado; y luego, un criterio objetivo, que busca verificar si el tribunal en sí ofrece, especialmente por su composición, garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre su imparcialidad.

El Convenio franco-monegasco de 2005 preveía expresamente que la duración de las comisiones de servicio era de tres años, «renovables una vez», salvo pacto en contrario en vigor entre los dos Estados y sujeto a posibles excepciones. Este texto no especificaba que la renovación de la comisión de servicio se concedería automáticamente al final del período de tres años.

El Tribunal Constitucional incumplió su obligación de comunicar a los demandantes razones válidas para justificar su decisión de rechazar los recursos, lo que equivale a una violación del artículo 6 del Convenio. Como resultado de esta decisión, los demandantes ahora tendrán la posibilidad de obtener la reapertura del procedimiento que les concierne.

La Marina revisó las sentencias y dictaminó la reducción de las mismas para la mayoría de los condenados, y la anulación de las condenas para dos de ellos. No obstante, la reciente exoneración de los 256 marineros afroamericanos reconoce los errores legales y procesales cometidos por los tribunales militares iniciales, proporcionando una rectificación a las condenas impuestas.

Los Estados están dispensados de responder ante un organismo internacional por sus actos antes de haber tenido la oportunidad de arreglar los asuntos a través de su propio sistema legal. En el presente caso, el demandante no agotó los recursos internos.

El procesamiento y condena de los «presos políticos ucranianos» a los que se refiere Ucrania tenía un motivo oculto: castigar y silenciar cualquier oposición política. De hecho, el caso de los “presos políticos ucranianos” fue emblemático de un patrón de procesamientos en represalia y abuso del derecho penal y de una represión general contra la oposición a las políticas rusas en Crimea.

El demandante no dispuso de un recurso efectivo ya que las sentencias dictadas por un tribunal regional (el nivel de jurisdicción al que pertenecía el tribunal ad quem) en casos de difamación fueron excluidas del ámbito de los recursos sobre cuestiones de ley. Por tanto, las deficiencias del procedimiento de recusación tramitado ante el referido tribunal no podrían haber sido subsanadas por un tribunal superior.

Todas las disposiciones de la Convención y sus Protocolos deben interpretarse de manera que garanticen derechos prácticos y efectivos y no teóricos e ilusorios. La sentencia contra el demandante, combinada con el retraso en la introducción de nueva legislación, había creado una inseguridad jurídica que le perjudicaba.

La primera sentencia del Tribunal Supremo contenía conclusiones que prejuzgaban la cuestión de la culpabilidad del actor en los procedimientos posteriores. Además, el segundo fallo del Tribunal contenía un lenguaje similar al primero, demostrando que, en general, no había llevado a cabo un nuevo examen del caso.

En cuanto a los Estados que mantienen la pena de muerte, existen una serie de restricciones y limitaciones establecidas en los instrumentos regionales de derechos humanos que los Estados están obligados a cumplir de conformidad con el derecho internacional. Dichas restricciones y limitaciones se basan en el reconocimiento del derecho a la vida como derecho supremo del ser humano, y condición sine qua non del disfrute de todos los demás derechos.