No se advierte cómo se habrían afectado los derechos de la requirente teniendo presente tanto el tenor de la sentencia definitiva como las causales invocadas por la requirente en el recurso de nulidad. En efecto, el precepto cuestionado no ha tenido aplicación en el caso sub lite pues los requisitos de la sentencia que permite omitir y que justifican los vicios de constitucionalidad alegados, han sido aplicados en la sentencia definitiva.

La modificación legal expresada en la Ley N°21.412 abordó un perfeccionamiento de la legislación sobre armas de fuego, buscando atenuar la severidad del tratamiento punitivo usando como paradigma la diferenciación entre los diversos ilícitos, según la penalidad que fijare el legislador, entregando una serie de atribuciones al propio sentenciador para calibrar y ponderar las situaciones fácticas.

La norma establece un requisito que implica efectuar una distinción del todo razonable a la hora de contratar con el Estado o acceder a la bonificación: aquellos que no han sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los últimos 6 meses y aquellos que sí.

Vulnera el derecho a la acción penal y, con ello, al debido proceso.