Debe adoptar medidas adecuadas para impedir su continuidad, al afectar a un área verde y a la comunidad porteña. No obstante las acciones del municipio, también se debe considerar las acciones o derechos que el Serviu como titular del terreno decida ejecutar a fin de solucionar el asentamiento irregular.
En la actualidad se están llevando a cabo las actividades para desmantelar de forma total la línea donde se originó el vertimiento denunciado.
Produce alteración a la vida y salud de las personas, considerando la cantidad de vecinos que son electrodependientes; la cantidad de horas que pasan sin luz, afectando su cotidiano vivir, el deterioro de sus utensilios y de sus electrodomésticos.
Es indiscutible la afectación de garantías constitucionales que los actores invocan, quienes dieron cuenta de una perturbación permanente de sus condiciones de vida y una amenaza a su seguridad, integridad física y salud.
La recurrente solicitó se ordene al Municipio dar cumplimiento efectivo a su labor fiscalizadora en orden a prevenir las tomas de terreno en la Quebrada Cabritería, junto con la reubicación de las tomas ya instaladas en el terreno.
Además, solicitan que la Autoridad Marítima informe respecto a lo que el fallo le empecé e incluya en su escrito el número de varamientos de carbón que han ocurrido desde su dictación.
Aun cuando las empresas prestadoras del servicio de suministro eléctrico, en el ejercicio de la obligación de mantener la infraestructura eléctrica libre de follaje y crecimiento de árboles gozan de amplias facultades, ello no implica que puedan desconocer otras normativas.
La conducta de las recurridas afecta negativamente el ecosistema del sector en donde está ubicado el inmueble en el que se han realizado las acciones y obras denunciadas.
Para el mes de septiembre de 2016, se observó un caudal de 259,1 metros cúbicos por segundo y en el mes de septiembre de 2021, marcó 286,3 metros cúbicos por segundo.
La empresa operó de manera irregular durante 20 años hasta obtener su primera Resolución de Calificación Ambiental en el 2018, sin embargo, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia revocó sus permisos en 2021, funcionando desde entonces sin autorización.
La sede de protección no es la vía idónea para declarar los derechos que asisten a las partes.
