Sostuvo que la convivencia en sociedad tiene consecuencias favorables y también algunas que pueden resultar desfavorables. Entre ellas, que se edifique en el predio colindante un inmueble que cumpla con las exigencias legales y reglamentarias. Determinó que la edificación del centro deportivo y la autorización municipal para ejecutar dicha obra no vulneraron los derechos fundamentales de los recurrentes.
Las recurrentes dedujeron la acción por haberse iniciado la construcción en un territorio indígena y de interés turístico, supuesto que a su juicio requiere de una declaración o estudio de impacto ambiental.
El máximo Tribunal carece de las pericias pertinentes que permitan adoptar medidas como la paralización del proyecto del que es titular la empresa recurrida, a consecuencia de alguna vulneración a garantías por los hechos denunciados.
Al evidenciarse falencias en la función fiscalizadora de la Municipalidad, conforme a su propia normativa, siendo responsable de su aplicación y eficaz cumplimiento, incurre la entidad edilicia en una omisión al no decretar medidas efectivas que propendan a la sana convivencia vecinal.
Los Tribunales Ambientales son órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias medioambientales de su competencia, entre ellas, las referidas a las RCA.
El día 18 de febrero hubo una quema de basura que afectó a más de 50 vecinos quienes debieron concurrir a urgencias debido a que se vieron afectadas por la inhalación de humo.
El proyecto debe ingresar en forma obligatoria al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
El máximo Tribunal ordenó a la recurrida a regularizar el funcionamiento de la granja, en el plazo de 60 días, para lo cual deberá obtener los permisos que correspondan.
Se tuvo por establecido que desde junio de 2021 se han producido fallas en el funcionamiento de los dispositivos automáticos de señalización de los cruces ferroviarios.
Las medidas adoptadas por las recurridas no han logrado poner término a la grave situación denunciada, lo que lleva a concluir que no han dado cumplimiento a su deber de eliminar el fenómeno contaminante que motiva la acción.
La conducta de la recurrida se torna arbitraria e ilegal y afecta las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1 y N°24 de la Constitución.
