En la medida en que los demandados tengan alguna autoridad residual, ciertamente no tienen poder para suplantar la voluntad del electorado estatal a favor de la suya propia. Si bien decidimos este caso según la doctrina de la supresión, amonestamos enérgicamente a los demandados por exceder su autoridad según la Constitución estatal.
El hecho de que la Corte Suprema de Arizona haya determinado que la ley estatal de aborto es ejecutable plantea importantes preguntas sobre el futuro de los derechos reproductivos en el Estado y en el país en su conjunto.
Es posible que la decisión de abortar se haya tomado en soledad, pero el procedimiento en sí incluyó intervención médica y requirió tanto la presencia como la intrusión de otras personas. También destacamos que este ‘derecho a ser dejado en paz’ fue modificado por un principio limitante: el derecho no permitía a un individuo infligir daño a sí mismo o a otros.
Con relación al aborto se ha producido un fenómeno insólito en muchas legislaciones, incluida la española. En apenas unas décadas ha pasado de ser considerado un delito a convertirse en un derecho, y ahora, en Francia, un derecho garantizado por la Constitución. La consideración del aborto como derecho constituye una grave injusticia y nunca puede calificarse como conforme a derecho.
La iniciativa busca enmendar el artículo 34 de la Constitución francesa para incluir explícitamente la libertad de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta modificación otorgará al Parlamento la responsabilidad de establecer las condiciones en las que se ejerce este derecho fundamental.
La enmienda constitucional requerirá la aprobación de ambas cámaras del Parlamento y podría someterse a referéndum o ser respaldada por una mayoría de tres quintos en una sesión conjunta. Aunque el gobierno de Macron favorece la segunda opción, la seguridad en el nivel de apoyo en el Senado es menos clara que en la Asamblea Nacional.
La sentencia del Tribunal Constitucional equivale a una injerencia en la intervención para la cual la demandante cumplía las condiciones requeridas y cuya ejecución ya había comenzado, creando así una situación que privó al demandante de garantías adecuadas contra la arbitrariedad. Se obligó a la demandante a viajar al extranjero para abortar, e incurrir en costes considerables y a alejarse de su red de apoyo familiar, lo cual debió haber tenido importantes consecuencias psicológicas para ella.
La consagración del derecho al aborto a nivel constitucional se transformó en una cuestión prioritaria para el gobierno, luego que el presidente Macron lo prometiera el 8 de marzo pasado (día Internacional de la Mujer).
Solo en circunstancias muy excepcionales un demandante puede alegar ser víctima de una futura violación al Convenio. Para que una mujer en edad fértil en Polonia pueda alegar que fue víctima de las restricciones al acceso al aborto terapéutico, tendría que presentar pruebas razonables y convincentes de la probabilidad de una eventual vulneración. La mera sospecha o conjetura es insuficiente.
El mandatario comunicó su decisión durante los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer. La consagración de este derecho requerirá una reforma constitucional que será tramitada conforme a la vía ejecutiva, que no requiere un referéndum de aprobación y, por lo tanto, es más expedita.
