Se hace fácil dejar fluir en la virtualidad expresiones personales, y apreciaciones, porque es un medio expedito, gratuito –solo requiere conexión a internet, la que no necesariamente se paga-, que puede ser difundido sin mayor esfuerzo y costo, y en el que los sujetos pueden colocarse detrás de la pantalla, creyéndose que esa falta de presencia les quita responsabilidad por sus actos y lo que dicen.

La veracidad no supone la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, de modo que puedan quedar exentas de toda protección o garantía constitucional las informaciones erróneas o no probadas.

El elemento predominante, que guió la actuación del demandado, era expresar sus ideas, pensamientos y opiniones sobre los hechos objeto del proceso, y sensibilizar a la opinión pública sobre la protección que merecen los derechos humanos.

Aun cuanto no se indica su nombre al imputarle conducta de maltrato animal al dedicarse al rubro de la medicina veterinaria se afecta su honra negativamente en la percepción de terceros.

La impresión que transmiten los reportajes es que existen sospechas razonables contra el pelotón en su conjunto y, por lo tanto, ello incluye al actor en su calidad de comandante. La persona al mando no es inmune a la responsabilidad cuando sus soldados hacen algo mal.

No es creíble que solo haya percibido 154 euros de beneficios por consultas cuando es sabido que la demandante es una empresa que necesita de financiación, por lo que las entidades bancarias constantemente la evaluaban. Hay que añadir que EQUIFAX ha mantenido una actitud obstruccionista en todo el proceso.

Hasta ese momento el deudor no había intentado restituir el capital recibido ni había manifestado a la acreedora su disconformidad con la cantidad reclamada por la demandada, por lo que no había duda de que existía una deuda y el demandante había incurrido en mora.

La denuncia pública de actos que podrían constituir violencia contra la mujer, se encuentra entre los discursos especialmente protegidos por la legislación nacional e internacional. En los últimos años se han acrecentado estas prácticas en materia de género, mostrándose como mecanismos prácticos y eficaces para visibilizar situaciones o hechos de violencia física, psicológica o institucional que pudieron haber sufrido mujeres.

Por utilizar únicamente la vía del derecho penal, el demandante se había privado de la posibilidad de obtener una reparación a través de los procedimientos civiles disponibles para él. De este modo, limitó el alcance del examen de los tribunales nacionales, que sólo pudieron pronunciarse sobre la falta de gravedad de la supuesta infracción a los efectos del derecho penal.

Aunque hubieren prestado su consentimiento para fotografiarse, ello no implicaba una autorización para su divulgación, y menos en las condiciones que fue exhibida su imagen. La demandada ni siquiera pixeló, esfumó o colocó algún tipo de protección a la imagen del actor y procedió a su publicación, permitiendo su individualización con toda nitidez y sin dificultades, facilitando su recognoscibilidad.