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Denuncia que la divulgación de su información personal afecta su imagen personal y corporativa, así como su derecho al olvido, exponiéndolo a comentarios difamatorios.
Denuncia que la divulgación de su información personal afecta su imagen personal y corporativa, así como su derecho al olvido, exponiéndolo a comentarios difamatorios.
La Corte Suprema razona que el denominado “derecho al olvido” que invoca el recurrente no está establecido en nuestra legislación, por lo que la decisión de otorgar la cautela jurisdiccional que se invoca debe ser analizada desde la perspectiva de los derechos que se pueden ver afectados, a saber, el de la libertad de información y el derecho a la honra.
Lo que publiquen terceros (expresiones, símbolos, artículos de opinión, imágenes, fotos, etc.) no acarrea la responsabilidad del buscador; y como tales publicaciones no pueden ser objeto de censura previa ni de vigilancia preventiva, el daño que generen no debe ser afrontado por la demandada.
El afectado pretendía eliminar una publicación considerada como una “funa” del motor de búsqueda de Google, no obstante, el máximo Tribunal estimó que -dado el contexto y época de los comentarios-, el uso de la palabra “acosador”, sin describir una acción concreta supuestamente desplegada por el recurrente, constituye solo una mera opinión respecto de la persona del actor.
La cápsula debe ser renombrada como “Noticiero Judicial: Fallo Histórico- Senador Lavandero”, eliminado apreciaciones subjetivas relativas al delito por el que fue condenado -y del cual cumplió la pena-, pues el actual título de la cápsula informativa estigmatiza permanentemente al ex parlamentario como un delincuente.
Solicitó eliminar las URLs de la lista de resultados de Google, para así borrar esta mancha en su expediente en la red, pero los enlaces cuyo bloqueo se solicita están amparados por el derecho fundamental a la libertad de expresión.
La empresa no puede asilarse en su rol de intermediaria, para desligarse de la responsabilidad que le asiste al permitir que terceros injurien al recurrido, especialmente si el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación contra el actor; por lo tanto, éste puede ampararse en el derecho al olvido y exigir la eliminación de los comentarios vertidos en su contra.
El ex parlamentario busca eliminar un reportaje del programa “fallos históricos” del Poder Judicial, que informa acerca de su condena criminal en el año 2005, para ello apela al derecho al olvido y haber cumplido su condena, por lo que -en su opinión- el video impugnado no hace más que perpetuar una imagen negativa de su persona en el resto de la sociedad.
Conforme a los parámetros reseñados y las características que presentan las publicaciones atribuidas al denunciado el objeto que persiguen, su finalidad y el contexto en el que fueron efectuadas, cabe afirmar, sin lugar a duda, que éstas excedieron los límites de protección que la Constitución Nacional, local, y tratados internacionales, otorgan a la libertad de expresión, pues configuran un insulto gratuito y una vejación injustificada y que, como tales, merecen un reproche contravencional.
Pueden proceder de esta manera si la medida es necesaria para cumplir su misión de velar por el pleno cumplimiento del RGPD. Si dicha autoridad comprueba que un tratamiento de datos no respeta el RGPD, debe subsanar la infracción detectada, incluso sin que medie la solicitud previa del interesado.
Aunque hay diversos factores que pueden influir en la reputación, hay decisiones que puedes tomar para que esta mejore. Por ejemplo, eliminar datos de google para que cuando alguien vaya a buscar en Internet sobre tu marca o negocio, ya no se vea relacionada con ese pasado o noticia desfavorable.