No sólo permite proteger la privacidad de las personas que hayan padecido de cáncer, sino que, además, evita que ésta se arrastre en términos financieros, en cuanto impide que a partir de los cinco años desde que se haya dado el alta de la enfermedad, las aseguradoras y los bancos tenga en cuenta el historial clínico de las personas afectadas por el cáncer.