La Magistratura Constitucional señaló que el derecho al recurso no es equivalente a un “derecho a la segunda instancia”, por lo que está justificada por el legislador la limitación de los medios de impugnación disponibles para las partes en el procedimiento de cobranza.

La Magistratura constitucional rechazó, al producirse un empate, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 8 inciso primero, segunda parte, de la ley Nº 17.322. Descartó que la exigencia de pagar previamente lo ordenado por la sentencia vulnere el debido proceso, en su variante del derecho al recurso.

La requirente ejerció el recurso de nulidad en contra de la sentencia condenatoria y en el segundo juicio oral resultó nuevamente condenado, aunque a una pena superior. El derecho al recurso no incluye la posibilidad de recurrir infinitamente, o hasta obtener una decisión favorable a las pretensiones de una parte. El derecho al recurso sólo garantiza que un tribunal superior revise la decisión de uno inferior.

El derecho a la impugnación de las sentencias -el derecho al recurso-, no implica un derecho a un recurso en concreto, de modo tal que, establecida la posibilidad de revisión, el legislador es libre para determinar el modo y los procedimientos para lograrla. La decisión de sustituir o modificar el sistema de acciones y recursos respecto de las decisiones judiciales constituye una problemática del legislador, no siendo resorte de esta Magistratura alterar o crear recursos nuevos.

Norma que niega recurso de apelación contra resolución que concede medida precautoria en juicios de arrendamiento de predios urbanos, no produce resultados contrarios a la Constitución.

El requirente alega que la prohibición recursiva infringe su derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso.

Los requirentes sostienen que la aplicación extemporánea de estas normas vulnera la igualdad ante la ley, el derecho al recurso, entre otros efectos inconstitucionales que produce su aplicación.

También se impugnan las normas que sancionan al empleador con la nulidad del despido. La requirente alega que son contrarias a la igualdad ante la ley, al derecho a defensa, a un justo y racional procedimiento, y no contribuyen la certeza y estabilidad de las relaciones jurídicas.

La requirente fue parte de un juicio de lato conocimiento en que tuvo la oportunidad de oponer excepciones, contestar la demanda, promover incidentes, presentar prueba e impugnar la sentencia. Tuvo la oportunidad de participar activamente ejerciendo su derecho a defensa, por lo que se le han respetado las garantías del debido proceso.

El SII alega que la limitación recursiva vulnera su derecho de igualdad ante la ley y al debido proceso.