El requirente estima que no existe justificación racional para negarle la posibilidad de apelar, vulnerando su garantía al debido proceso.
La requirente estima que la negación de la posibilidad de apelar en el caso concreto afecta sus garantías de igualad ante la ley y debido proceso.
El requirente estima vulnerado su derecho al debido proceso, toda vez que se le impide hacer valer sus argumentos ante tribunales superiores.
La requirente estima que su aplicación en el caso concreto produce un desequilibrio injustificado entre las partes no tolerada por la Constitución.
El requirente estima que la excepcionalidad del recurso de apelación en materia concursal hace ilusoria la posibilidad de ejercer sus derechos.
Vulnera el derecho al recurso de los requirentes y, además, carece de una justificación razonable que lo haga plausible en términos constitucionales.
La requirente estima que se vulnera su derecho al debido proceso, toda vez que no le permite hacer valer sus argumentos ante tribunales superiores.
La requirente estima que ello vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, igual protección de la ley, el acceso a un procedimiento racional y justo, y el derecho a un recurso efectivo.
La requirente, una empresa forestal, estima que la imposibilidad de deducir recurso de casación en la forma en este procedimiento especial carece de fundamento y afecta sus garantías constitucionales.
Su aplicación infringe las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley y el debido proceso.
