No existe fundamento para considerar que otorgar reconocimiento y protección legal a parejas del mismo sexo en una relación estable y comprometida pudiera perjudicar a las familias constituidas de manera tradicional o comprometer su futuro o integridad. Por lo tanto, el objetivo en términos generales de la protección de la familia tradicional no puede aceptarse.

El artículo 8 no puede interpretarse en el sentido de exigir una revisión judicial a posteriori en todos los casos relativos a un registro o incautación llevado a cabo contra una empresa. Sin embargo, la disponibilidad de dicha revisión puede tenerse en cuenta, junto con otros factores, al evaluar el cumplimiento de estas actuaciones.

Si bien los Estados tienen una amplia discrecionalidad para determinar la pertinencia de sus esquemas de tributación, ello no es una facultad ilimitada ni está más allá del escrutinio judicial. Debe asegurarse de que las autoridades, ya fueran legislativas, ejecutivas o judiciales, tuvieran presente un equilibrio adecuado entre los intereses individuales y públicos, teniendo en cuenta las garantías procesales apropiadas.

El Tribunal de Apelación no pudo haber hecho más, teniendo en cuenta que fue llamado a pronunciarse únicamente sobre los motivos del despido del demandante. Así, llevó a cabo un minucioso ejercicio de equilibrio entre el derecho del demandante al respeto de su vida privada y el derecho de su empleador a garantizar el buen funcionamiento de la empresa, teniendo en cuenta su fin legítimo perseguido, a saber, el derecho a controlar su gasto.

A pesar de los informes recibidos, el tribunal no intervino para suspender las sesiones de contacto hasta después de un largo tiempo. Durante ese periodo los niños se vieron obligados a encontrarse con su padre en un ambiente convulso que no fomentaba un entorno pacífico, a pesar de que el padre ya no estaba siguiendo su programa de rehabilitación de drogas y que el proceso penal por malos tratos estaba pendiente.