Las autoridades portuguesas ignoraron los derechos del actor como padre y no evaluaron si la devolución del niño coincidía con su mejor interés. En cuanto a la orden de búsqueda y localización, se reitera que las medidas coercitivas contra menores no son deseables. En relación con el período posterior al arresto del padre, las autoridades portuguesas no cumplieron con sus obligaciones de proteger al menor, quien tenía solo siete años en ese momento, al mantenerlo en una comisaría.

El hecho de que los tribunales internos no garantizaran que los intereses de los niños fueran representados de manera adecuada en el procedimiento relativo al derecho de visitas y la custodia, constituye en sí mismo una violación del derecho de los niños al respeto de su vida familiar.

A pesar de la gravedad de la interferencia en los derechos de la asociación demandante y la gravedad del objeto de la investigación –la infiltración de logias masónicas por grupos mafiosos–, la comisión parlamentaria no mencionó en su mandato de registro investigaciones, delitos, personas o elementos de prueba específicos. Por lo tanto, el registro y la incautación no estaban suficientemente justificados.

Georgia ha hecho esfuerzos suficientes para recuperar el control del territorio. En cambio, el gobierno ruso, que ejerce un control efectivo sobre Abjasia, no ha justificado la injerencia cometida en el ejercicio por estos demandantes de sus derechos patrimoniales. Debería haber tomado medidas para proteger estos derechos, como establecer un mecanismo legal accesible y flexible. Sin embargo, no lo hizo.

Para muchos, el lazo de San Jorge ahora está vinculado a la supuesta valentía militar rusa y simboliza el sufrimiento causado por la agresión de este país. Por ende, no se encuentran motivos para cuestionar los esfuerzos del gobierno ucraniano por abordar los problemas planteados por el conflicto armado.

No hay duda que su discapacidad lo incapacita al punto que se ha visto obligado a depender del cuidado y apoyo de sus hermanas en su vida diaria desde la muerte de sus padres en 2015. Por ello, no se ven razones para que las autoridades nacionales hubieran enfocado principalmente su evaluación de la “vida familiar” en el hecho de que sus hermanas no habían estado involucradas en su cuidado diario antes de 2015.

Las cuestiones relativas a la concesión, retirada y, como en el presente caso, privación de la nacionalidad son asuntos en los que los Estados contratantes deben gozar de un amplio margen de discrecionalidad. Además, la violencia terrorista es en sí misma una grave amenaza para los derechos humanos y, en consecuencia, es legítimo que los Estados adopten medidas respecto a las personas condenadas.

Se constatan cambios en la legislación del Estado para proteger a las víctimas de la «pornografía de venganza», los cuales entraron en vigor demasiado tarde para proteger a la víctima. Se observa que no existían otras disposiciones vigentes que pudieran haber protegido sus derechos, por lo que este Tribunal estima que el marco legal de Rumanía aplicable al caso era inadecuado.

El término «agente extranjero» asignado a las personas físicas o jurídicas demandantes obstaculizó considerablemente sus actividades, ya que les impuso obligaciones adicionales en términos de contabilidad, control, presentación de informes y divulgación, así como un obstáculo para su participación en las elecciones.

La autorización para proceder con el tratamiento fue otorgada al final de un proceso de toma de decisiones que sufrió la omisión de información esencial sobre los deseos de la actora, los cuales habían sido registrados por escrito en diferentes formas y momentos.