Los tribunales solo centraron su evaluación en la naturaleza y la gravedad del delito, sin tener en cuenta que el demandante ya no representaba una amenaza para la seguridad pública. En particular, poco después de su condena, había encontrado un trabajo a tiempo completo que había conservado hasta su expulsión, y no cometió nuevos ilícitos.

Los Estados tienen (y habían tenido durante la pandemia) la obligación de salvaguardar la vida de quienes se encuentran dentro de sus jurisdicciones. Las restricciones en este caso habían perseguido el objetivo legítimo de la protección de la salud y los derechos y libertades de los demás.

Las autoridades pusieron fin a la custodia del demandante sobre sus dos hijos adoptivos esencialmente debido a su transexualidad, su cambio de identidad de género y la consiguiente alteración de la «familia tradicional», definida en la legislación nacional como la unión de un hombre y una mujer.

No existe fundamento alguno para concluir que el hecho de que las autoridades de planificación no mencionaran durante el procedimiento de aprobación de la planificación que era posible que eventualmente se utilizaran rutas de vuelo diferentes hubiera infringido los derechos de los demandantes en virtud del artículo 8 del Convenio.

La constatación de las autoridades, según la cual la mujer podría haber sentido cierta dependencia respecto del sospechoso, no les impulsó a ampliar su análisis. Este enfoque –que había consistido, en esencia, en negarse a evaluar los hechos en su contexto teniendo en cuenta el estado psicológico de la demandante a la luz de las circunstancias específicas del caso, y no simplemente del hecho de que ella era una adulta – había tenido defectos.

A pesar de una tendencia creciente hacia su legalización, la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa siguen prohibiendo tanto el suicidio médicamente asistido como la eutanasia. Por lo tanto, el Estado tiene una amplia discreción a este respecto, y en el caso las autoridades mantuvieron un justo equilibrio entre los intereses en juego.

El demandante no actuó con diligencia para cumplir con los estrictos deberes de un diputado electo y así evitar cualquier conflicto de intereses. Su destitución y las consecuencias para su vida privada fueron, por tanto, el resultado previsible de su propia conducta.

El juez de instrucción amplió demasiado el alcance de su investigación y las autoridades judiciales de control no redefinieron los límites del encargo del perito para cumplir con la misión del juez. Estos límites de investigación inadecuados se vieron agravados por la falta de implementación del marco procesal protector al que le daba derecho la condición de abogada de la demandante.

El derecho italiano no ofrece garantías adecuadas y efectivas contra los abusos a personas que han sido sometidas a una medida de interceptación pero que, al no ser sospechosas ni acusadas de estar implicadas en un delito, no eran partes en el proceso. En particular, no había ninguna disposición que permitiera a esas personas solicitar a una autoridad judicial una revisión efectiva de la legalidad y necesidad de la medida.

El acceso de los niños adoptados a la información sobre sus orígenes biológicos es una cuestión delicada y ética. En el caso concreto, las autoridades no hicieron ningún intento de establecer si los padres biológicos de la demandante realmente habían expresado el deseo de que su adopción permaneciera en secreto.