Aunque la Corte Suprema nacional se había referido a los principios aplicables del Convenio y a su jurisprudencia, no estaba convencida de que hubiera logrado un equilibrio justo entre los derechos en conflicto contemplados en el Convenio. En particular, trató al actor como a un periodista de investigación y una “persona pública” y decidió aplicar en su caso la presunción de buena fe aplicable a estos corresponsales”.

La publicación de fotografías que mostraban la intimidad de sus parejas mientras viajaba o en fiestas era un elemento básico de las redes sociales. La reacción hostil de su empleador ante el hecho de que lo hiciera se debió a la falta de aceptación de su sexualidad.

El Gobierno no proporcionó razones pertinentes y suficientes para la revisión de condenas históricas por crímenes relacionados con el Holocausto. Por lo tanto, las absoluciones habían sido excesivas e innecesarias en una sociedad democrática, lo que llevó a una violación del artículo 8 leído conjuntamente con el artículo 14 del Convenio.

Para que se genere esa responsabilidad solidaria en el marco de la primera fase, la persona física afectada únicamente debe demostrar que, con motivo de la cooperación entre Europol y el Estado miembro de que se trate en virtud de dicho Reglamento, se hizo un tratamiento ilícito de datos que le ha causado un perjuicio.

El demandante no probó debidamente que existieran motivos serios y probados para creer que si fuera devuelto a Rusia correría un riesgo real y presente de ser sometido a un trato contrario al artículo 3 del Convenio esto es, prohibición de la tortura y de tratos inhumanos y degradantes. Así, la ejecución de la medida de expulsión respecto del demandante no violaría, en las circunstancias del presente caso, esas garantías.

Debían establecerse en la ley salvaguardias y criterios para evitar abusos y garantizar la proporcionalidad de la medida. Sin embargo, la ley que regulaba la conservación de datos vigente en el momento de la condena del demandante no contenía ninguna disposición que definiera el alcance y la aplicación de la medida.

Las búsquedas se habían centrado únicamente en términos particulares y se llevaron a cabo únicamente dentro de la cuenta en el servicio de mensajería del partido. Las regulaciones del partido establecían que dichas cuentas podían estar sujetas a controles, y que estos debían proteger los intereses del partido. Este razonamiento no fue ni arbitrario ni irrazonable. El actor tuvo la posibilidad de ejercitar varios recursos civiles, pero que optó por no hacer uso de ellos.

Ninguna de las autoridades o tribunales nacionales había proporcionado una explicación adecuada de por qué no había sido posible obtener una orden judicial dadas las circunstancias. Además, la legislación lituana también exigía que fuera necesaria una detención de cualquier duración para impedir que el sospechoso huyera o interfiriera en el proceso, pero las autoridades no abordaron los argumentos presentados por el actor con los que había cuestionado la necesidad de la detención.

Los efectos negativos que la terminación del mandato había tenido en sus vidas privadas no cruzaron el umbral de gravedad necesario para aplicar el artículo 8 del Convenio. No hubo ningún impacto significativo en sus ingresos ni se cuestionó su desempeño profesional.

La sentencia del Tribunal Constitucional equivale a una injerencia en la intervención para la cual la demandante cumplía las condiciones requeridas y cuya ejecución ya había comenzado, creando así una situación que privó al demandante de garantías adecuadas contra la arbitrariedad. Se obligó a la demandante a viajar al extranjero para abortar, e incurrir en costes considerables y a alejarse de su red de apoyo familiar, lo cual debió haber tenido importantes consecuencias psicológicas para ella.