Los recurrentes solicitaban el cese de las obras, ya que su ejecución vulneraría sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº 8 de la Constitución.

Los municipios pueden ejercer acciones ambientales en contra de las resoluciones de carácter general dictadas por el SEA.

La ley tiene como objeto que la Unión Europea sea climáticamente neutra para el año 2050.