El plazo de la acción de cobro de un pagaré se encontraba prescrito al momento en que fue notificada la ejecutada, y debido a que la demanda se presentó antes del inicio del estado de excepción (marzo de 2020), dicho plazo no se encontraba interrumpido bajo la hipótesis indicada en el artículo 8 de la Ley N°21.226.

La demandante acusó una ocupación ignorada o meramente tolerada, en circunstancias que en 2003 transfirió la nuda propiedad del bien raíz a la demandada, conservando el usufructo; por lo tanto, la ocupación no le era ignorada al existir un título que la justifica.

En un principio, la magistratura acogió el arbitrio al estimar que la ocupación era ignorada por el dueño del predio, decisión que fue revertida por el máximo Tribunal al observar que el demandado era tío del actor, así como el anterior dueño del inmueble ubicado en la comuna de Teodoro Schmidt.

El máximo Tribunal observó que la magistratura erró al considerar prescrita la acción de cobro, debido a que no transcurrieron los 3 años de plazo indicados en los artículos 2514 y 2521 del Código Civil, contados desde la fecha en que la cuota del crédito se hizo exigible en 2019.

El máximo Tribunal concluye que el plazo de prescripción de la acción de cobro del cheque se interrumpe al iniciar la gestión preparatoria de reconocimiento de firma y deuda, no obstante, la certificación de dicha gestión culmina este trámite y luego de ella el plazo de prescripción de un año comienza a computarse nuevamente.

La parte demandada en un procedimiento de precario no pudo acreditar que son los verdaderos dueños del inmueble desde hace 40 años, así como tampoco pudieron probar algún antecedente jurídico que los autorizara a la ocupación, pese a ser hermanos de la demandante.

Se desestimó también la demanda reconvencional mediante la cual se buscaba el reembolso de lo supuestamente invertido en mejoras al bien raíz arrendado.

La publicación hace hincapié en la importancia de las nuevas regulaciones en derecho económico, comercial y fiscal, sin dejar de lado las discusiones coyunturales en materia constitucional, civil, ambiental y de seguridad social.

Procura resolver problemas de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.