Siendo cierto que la vivienda no se considera un derecho fundamental, sí se enmarca, dentro de los principios rectores de la política social y económica que debe llevar a cabo el Gobierno, lo que, implica un desarrollo legislativo para que luego pueda ser plenamente efectivo.

En Latinoamérica, los avances en derechos sexuales y reproductivos estarían siendo desafiados por una nueva ola conservadora, que estaría utilizando el litigio estratégico para limitar estos derechos. A pesar de estos esfuerzos, los tribunales constitucionales han emergido como defensores clave.

La moción persigue regular el ejercicio del derecho a las reuniones o manifestaciones públicas mediante una ley y garantizar el derecho de reunión conforme a los estándares internacionales de los derechos humanos.

Los electores de Arizona y Montana decidirán con sus votos en las elecciones del 5 de noviembre si el derecho al aborto pasa a consagrarse en las constituciones de los dos estados del oeste de EEUU, luego de sortear ante tribunales peticiones para decidir en las urnas.

El próximo 5 de noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales en EE.UU. (Y las demás elecciones en Puerto Rico) se celebrará otro referéndum para que los puertorriqueños decidan sobre su futuro. Un referéndum no vinculante en el que los habitantes de la isla van a presidonar a la nueva Presidencia estadounidense. 

El reconocido constitucionalista murió a los 82 años; tenía una singular claridad para explicar en un lenguaje sencillo las complejas regulaciones y textos jurídicos.

Marbury vs. Madison no se constituye únicamente en un acto judicial que indica el deber de anular todo aquello que contradiga la Constitución. Marbury vs. Madison es el ejercicio de descubrir lo superior y dar a la supremacía su lugar, y no simplemente porque es primero, sino porque es conveniente para la convivencia social.

El modelo de García-Pelayo clarifica que la teoría de Montesquieu no sirve para comprender la realidad política actual. Porque, como explica el jurista español, Montesquieu «ignora la existencia de otros poderes y, en general, las transformaciones en el funcionamiento del sistema estatal»

La mujer que profirió tales palabras tendrá que pagar al afectado 300 euros de indemnización.

Dichos tribunales no pueden sustraerse de la responsabilidad por aquellas decisiones injustificadamente erradas que hayan dictado, bajo el pretexto de no ser órganos de jurisdicción, sino de represión política, sostiene el máximo Tribunal.