Aunque se vea afectado el interés legítimo en la protección de la intimidad y la integridad de la persona, ha de darse prioridad al derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones. En efecto, la finalidad de la solicitud es facilitar un mayor control público y una mayor responsabilización respecto al acceso de Lagós a fondos públicos.
El derecho de acceso es necesario para permitir al interesado ejercer, en su caso, su derecho de rectificación, su derecho de supresión («derecho al olvido») y su derecho a la limitación del tratamiento. Para garantizar su efectividad, el interesado debe tener, en particular, derecho a ser informado de la identidad de los destinatarios concretos cuando sus datos personales ya hayan sido comunicados.
