Es una exigencia democrática considerar a una sentencia como un instrumento lingüístico que tiene el propósito de comunicar las razones de la decisión; en ese orden, se trata de motivar para comunicar, no de “motivar por motivar”. Para este propósito la redacción de la sentencia debe ser breve, simple y sencilla considerando que sus destinatarios también son personas no necesariamente conocedoras del derecho.

La Excma. Corte ha dicho que un llamado de atención es una sanción, y que los jueces deben hacer uso mesurado de las medidas disciplinarias a fin de no causar entorpecimiento a la labor profesional, pues son capaces de poner en peligro el libre ejercicio del derecho de defensa en juicio.

Todo aquello que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un dato, con trascendencia en ella, sobre el cual el imputado y su defensor no pudieron expedir, cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente, lesiona el principio de congruencia.

Norma pionera en Europa que desarrolla los aspectos esenciales de este derecho fundamental y garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva

Al no haber probado la Comisión Europea que le resultaba imposible oír a las demandantes durante el procedimiento de adopción del Reglamento impugnado, debe considerarse que disponía del tiempo necesario para permitir a las demandantes ejercer su derecho a ser oídas. Ciertamente, la violación del principio de buena administración solo podría dar lugar a la anulación del Reglamento en cuestión en la medida en que dicha irregularidad hubiera influido en el resultado del procedimiento.

No basta para tutelar el derecho de defensa la designación de los correspondientes profesionales, sino que la realización efectiva de este derecho requiere, proporcionar asistencia letrada real y operativa.

Excluir el testimonio de personas que han tenido una participación determinante en los hechos puede tener una incidencia decisiva en la actividad jurisdiccional al impedir al juez ponderar sus declaraciones, fundado únicamente en la presunción subjetiva de falta de imparcialidad, es un criterio anacrónico y carente de la razonabilidad necesaria para sustentar una restricción que pugna abiertamente con un justo y racional juzgamiento (voto en contra).

La requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera su garantía de igualdad ante la ley, debido proceso y seguridad jurídica.

El recurrente acusó que el Juzgado de Garantía no cumplió con la obligación legal de dar a conocer los fundamentos de su decisión, hecho que vulneró el debido proceso y el derecho al recurso del imputado, quien sólo tuvo conocimiento de la parte resolutiva del fallo, desconociendo los razonamientos del juez para decretar la pena.

La medida se justificó en la imposibilidad del abogado del inculpado de acceder a la totalidad de los antecedentes de la carpeta investigativa.