La regla del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones, tiene —al menos en el plano de la función judicial donde se dirimen controversias—, el efecto de separar conceptualmente aquél interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, incluso llegado el caso, el de los padres.
El fallo emitido por la magistratura de la madre patria no cumple con el requisito establecido en el artículo 245 Nº3 del Código de Procedimiento Civil, esto es, no se notificó al demandado en España ni en Chile, por lo tanto, no pudo ejercer su derecho a defensa y, en consecuencia, el pase regio debe ser desestimado.
El requerimiento adolece de una serie de defectos que conducen a su rechazo. En cuanto a la impugnación al artículo 768, inciso antepenúltimo, del Código de Procedimiento Civil, se debe tener en consideración que la gestión pendiente se tramita según el procedimiento ordinario ante los juzgados de familia que regula la Ley N° 19.628, por lo que nos encontramos ante un asunto con una regulación específica.
El máximo Tribunal invalidó de oficio la sentencia de alzada, y confirmó aquella de base que rechazó la solicitud de cambio de nombre respecto de un niño y una adolescente presentada por el tío materno de los menores, luego de razonar que la falta de justificación de la sentencia recurrida evidencia la existencia de un vicio de nulidad formal, al no considerar asuntos discutidos entre las mismas partes en cinco juicios previos en sede de familia, lo que vulnera el interés superior de los niños en cuanto al derecho que poseen de vincularse con su madre.
Las restricciones previstas en la norma respecto de convenios de honorarios sobre asuntos alimentarios y de familia, obedece a razones de orden público y aun cuando las partes quisieran celebrarlos con sus letrados, la ley se lo prohíbe por cuanto la contratación en estudio excede el marco de un mero convenio de derecho privado.
Según la abogada Ana I. Rodríguez, experta en Derecho de Familia, realizar este tipo de contenido supone un riesgo potencial para los menores porque las imágenes pueden ser guardadas, alteradas, manipuladas e incluso comercializadas en plataformas de contenido sexual. Y más ahora con la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) que permite crear imágenes ‘fake’ como le ocurrió recientemente a la cantante Rosalía.
En principio podía ser normal un alejamiento por la experiencia traumática del divorcio para una menor de 11 años, como cuando el padre inicia una nueva relación, pero no se entiende que esa situación perdure al día de hoy sin causa justificada.
Considerar que la progenitora efectúa un reclamo alimentario a favor de sus hijas, encubriendo la pretensión de atender sus propios gastos personales, implica desconocer el valor de las tareas cotidianas que realiza la actora.
La iniciativa expone que el incumplimiento de obligaciones alimenticias es una problemática de máxima gravedad que enfrenta nuestro país hace varios años.
La libertad de expresión se puede limitar a través de medidas jurisdiccionales cuando tiendan a la protección del interés superior del niño y la protección de derechos personalísimos de los menores.
Salvo que se configure objetivamente y quien se oponga a la restitución pruebe uno de los supuestos de excepción taxativamente enunciados por el artículo 13 del Convenio de la Haya sobre Restitución Internacional de Niños, el interés superior del niño consiste en ser devuelto a su centro de vida sin dilaciones.
