La recurrente acusó que la divulgación del petitorio en redes sociales por el Centro de Alumnos atenta contra su derecho a la honra y a no ser juzgada por comisiones especiales. La magistratura estimó que las solicitudes de los estudiantes conllevan el ejercicio de la libertad de emitir opinión, informar y presentar peticiones a la autoridad, por lo que el hecho denunciado no es arbitrario ni ilegal.