Georgia ha hecho esfuerzos suficientes para recuperar el control del territorio. En cambio, el gobierno ruso, que ejerce un control efectivo sobre Abjasia, no ha justificado la injerencia cometida en el ejercicio por estos demandantes de sus derechos patrimoniales. Debería haber tomado medidas para proteger estos derechos, como establecer un mecanismo legal accesible y flexible. Sin embargo, no lo hizo.

Es de advertir que el código de ética regula la conducta de los abogados. El hecho que el letrado sea parte en un proceso penal, civil, laboral, administrativo o de cualquier otra índole, no constituye impedimento para la instauración de un procedimiento administrativo disciplinario respectivo, ya que la resolución que se emite en estos casos es de naturaleza ética y no jurisdiccional.

Solo cuando existan obstáculos objetivos y legítimos para reinscribir el derecho de usufructo en el Registro de la Propiedad podrá considerarse que la concesión de una compensación al antiguo titular del derecho, en lugar de la referida reinscripción, restablezca al interesado en los derechos que le confiere el Derecho de la Unión. Pues bien, el hecho de que la inscripción inicial del usufructo del titular del derecho en el Registro de la Propiedad se haya efectuado de manera ilegal no constituye un obstáculo objetivo y legítimo.

La propiedad comunitaria consagrada en la Constitución Nacional no habilita bajo ningún concepto o condición, una interpretación que derive en una violación a la propiedad privada de terceros, protegida por también por la Carta Fundamental. Ninguna norma inferior a la Constitución dispone, ni podría hacerlo, que el acceso a la propiedad por parte de los pueblos indígenas se concrete mediante vías de hecho (materiales o administrativas) a extramuros de las instituciones de la República.

Las autoridades no lograron encontrar un equilibrio justo entre las demandas del interés público, por un lado, y el derecho del demandante al disfrute pacífico de sus posesiones, por el otro. En consecuencia, hubo una violación del Artículo 1 del Protocolo No. 1 del Convenio en relación con la parte del terreno que no estaba ocupada por edificaciones no autorizadas.

El Tribunal introdujo un enfoque holístico para la interpretación de lo que constituye la «posesión» en virtud del TIKANGA (derecho consuetudinario maorí). La resolución subraya que el interés consuetudinario debe implicar una relación integrada con el entorno marino, y no limitarse a un conjunto de actividades desconectadas. Asimismo, el concepto de «uso y ocupación exclusivos» fue ampliado para incluir conexiones culturales profundas, sin exigir evidencia de ocupación física continua del área.

La finalidad del principio de acción sin daño en los segundos ocupantes es reducir el impacto que puede traer para estos sujetos las medidas de restitución de tierras, sin menoscabar la protección de las víctimas del conflicto armado y las víctimas de despojo. Por esta razón, las medidas de protección a los segundos ocupantes se encuentran circunscritas a ciertos criterios.

Consideró que, a pesar de la divergencia entre las partes sobre el cumplimiento del contrato de arrendamiento, la recurrente cuenta con un título que le habilita a usar el inmueble, por lo que cualquier controversia debe resolverse a través del procedimiento legal correspondiente, y el cambio de candados realizado por el arrendador alteró ilegítimamente la situación vigente, constituyendo un acto de autotutela contrario a derecho.

Una cosa es que los demás comuneros hayan tolerado por largo tiempo que ese espacio común se emplee de uno u otro modo, y otra bien distinta que, por esa tolerancia, el apelado esté facultado para cerrar el acceso al elemento común e impedir de cualquier modo su empleo por los demás.

Los tribunales nacionales no ofrecieron a la demandante una oportunidad razonable de hacer valer su punto de vista en el marco de un procedimiento contradictorio. Esta situación se debe, por una parte, a la ley sobre la asistencia judicial internacional, que no prevé la comunicación de la información relativa a la medida de confiscación al cliente del banco afectado, y, por otra parte, a la decisión de los tribunales nacionales de no analizar los argumentos invocados.