La finalidad del principio de acción sin daño en los segundos ocupantes es reducir el impacto que puede traer para estos sujetos las medidas de restitución de tierras, sin menoscabar la protección de las víctimas del conflicto armado y las víctimas de despojo. Por esta razón, las medidas de protección a los segundos ocupantes se encuentran circunscritas a ciertos criterios.

Consideró que, a pesar de la divergencia entre las partes sobre el cumplimiento del contrato de arrendamiento, la recurrente cuenta con un título que le habilita a usar el inmueble, por lo que cualquier controversia debe resolverse a través del procedimiento legal correspondiente, y el cambio de candados realizado por el arrendador alteró ilegítimamente la situación vigente, constituyendo un acto de autotutela contrario a derecho.

Una cosa es que los demás comuneros hayan tolerado por largo tiempo que ese espacio común se emplee de uno u otro modo, y otra bien distinta que, por esa tolerancia, el apelado esté facultado para cerrar el acceso al elemento común e impedir de cualquier modo su empleo por los demás.

Los tribunales nacionales no ofrecieron a la demandante una oportunidad razonable de hacer valer su punto de vista en el marco de un procedimiento contradictorio. Esta situación se debe, por una parte, a la ley sobre la asistencia judicial internacional, que no prevé la comunicación de la información relativa a la medida de confiscación al cliente del banco afectado, y, por otra parte, a la decisión de los tribunales nacionales de no analizar los argumentos invocados.

Se constató que la recurrente infringió la normativa del reglamento de copropiedad del edificio, que exige notificar con 48 horas de antelación a la conserjería sobre cualquier mudanza, para coordinar la protección del ascensor el día de la mudanza y evitar daños a las instalaciones.

Las sentencias no se habían ejecutado, como consecuencia de cambios por parte de las diversas autoridades involucradas, y el uso del terreno en cuestión había seguido restringido desde 2003, una situación que seguía vigente. Esta situación revelaba la falta de un recurso efectivo para obligar a las autoridades a cumplir las decisiones judiciales relativas a la propiedad de los demandantes.

Si bien el recurrido ha negado formalmente la situación descrita, lo cierto es que culmina afirmando que no ha podido ejercer la acción contemplada en el artículo 842 del Código Civil porque los dueños del predio vecino a los que tendría que demandar viven en España y desconoce sus domicilios.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 153 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones, en lo no previsto en dicho cuerpo estatutario, rigen las normas aplicables a la Administración Civil del Estado, esto es, el DFL 29 de 2005, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº18.834, Sobre Estatuto Administrativo.

La autoridad incumplió sus obligaciones relativas al regreso, reasentamiento y reintegración de los afectados por el desplazamiento por factores ambientales. Estas obligaciones encuentran su fundamento, entre otros, en los artículos 1, 51, 90 y 95 de la Constitución, así como en los Principios Deng y Pinheiro.

La incautación limita el derecho de propiedad del proveedor sobre las cantidades percibidas. No obstante, dicha limitación es adecuada para garantizar la efectividad de la prohibición de que se trata y es, por tanto, en principio, proporcionada a la luz de los objetivos legítimos perseguidos por la Unión.