El litigio debe seguirse ante un juez civil mediante un juicio de lato conocimiento, debido a que las partes no poseen derechos indubitados y no existe vulneración de los derechos de la madre de los actores.

La normativa impone límites a las facultades del dueño único y exclusivo de la vivienda o local como elemento privativo, límites que, en este caso vienen constituidos con la prohibición de realizar una serie de actividades tanto en elemento privativo como en el resto del inmueble, es decir, actividades prohibidas por los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

El actor puede poner fin a la situación de precario existente, pretensión frente a la que nada ha alegado el demandado ni ha acreditado título que le habilite para poseer los inmuebles, razón por la que debe estimarse la demanda. La relación de parentesco entre las partes no determina la atribución de título para el uso del inmueble del que son titulares los demandados.

Los predios de ambas partes comparten límite y uno de los vecinos derribó el cerco perimetral para construir una caseta sanitaria, hecho que fue denunciado por el recurrente como un acto de autotutela. No obstante, la magistratura observó que existe una superposición de títulos que no puede ser resuelta mediante el recurso de protección, sino a través de la respectiva acción ordinaria.

El no pago de licencias médicas repercute en el patrimonio de la actora el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo. Se ordena someter a la recurrente a un peritaje médico y luego determinar la pertinencia o impertinencia del reposo de que dan cuenta las licencias médicas.

No se vislumbra el cumplimiento del presupuesto de existir derechos indubitados si la actora alega que se le reconozca la prescripción adquisitiva extraordinaria sobre parte del inmueble lo que actualmente se discute en sede judicial, por lo que no es posible que sostenga exista vulneración del derecho de propiedad pues solo tiene una mera expectativa jurídica.

La recurrente acusó que el alcalde de la comuna decidió no renovar su contrata, en circunstancias que al llevar 10 años en ejercicio continuo del mismo cargo le asistía el principio de legítima confianza, por lo que el acto del edil careció de motivación suficiente y vulneró la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de la actora.

La decisión, si bien es discrecional del Ejército, no es óbice para que sea carente de fundamentación, debido a que la única manera de privar de su rango a un oficial destacado es mediante sumario administrativo, o un proceso de evaluación que arrojara una calificación deficiente, ambas hipótesis que no concurren en la especie, por lo tanto, el actor debe seguir en la línea de mando.

Si la recurrida estima ser titular de dominio sobre el retazo de terreno que reclama y sobre el que pretende construir, lo que procede es que prosiga la tramitación del juicio ordinario sobre acción reivindicatoria que inició, pero no que ejecute vías de hecho ni actos materiales en uso de una autotutela prohibida.

En atención al principio de especialidad, el tribunal Supremo estimó que la compensación realizada a los recurrentes vulneró su derecho de propiedad, debido a que la Ley Nº20.027 contempla mecanismos especiales para perseguir el cobro de las deudas de estudios superiores, y dichas normas deben ser empleadas con preferencia a las facultades compensatorias generales que posee la Tesorería en atención al artículo 34 del D.L. Nº1.263.