La recurrida accionó judicialmente por lo que aceleró el cobro, y debe ajustar su actuar a lo resuelto por la magistratura civil -sin perjuicio de las acciones ordinarias que pueda ejercer-, por lo tanto, el descuento de las cuotas del crédito social desde la remuneración del actor es un acto de autotutela que vulnera la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del recurrente.

No cabe condenar a la demandada por el mero hecho de ser propietaria del inmueble causante de los daños, que si son ocasionados por cosas que se caen o que son arrojadas desde una vivienda deben ser imputados al «cabeza de familia», que es la persona que habita la casa o parte de ella. En el caso de autos, es un hecho probado que la vivienda se encuentra arrendada y que nadie avisó a la propietaria de la fuga.

El recurrente fue dado de baja inmediatamente por “mala conducta”, por el mero hecho de viajar como pasajero en un vehículo que conducía un subteniente -bajo los efectos del alcohol-, el que chocó contra un árbol en un bandejón central de la comuna de Peñaflor. El máximo Tribunal estimó que la medida fue desproporcionada en atención a la falta de mérito del actor en los hechos, por lo que ordenó su reincorporación a las filas de la institución.

Una vecina cerró con portón y candados el único camino que los actores utilizan para acceder a la vía principal, en circunstancia que la franja se encuentra reconocida como camino de servicio en las escrituras de propiedad de todas las partes, verificándose -en la especie- un acto de autotutela por parte de la recurrida.

Estaba cansada de alojar en su casa a sus dos hijos adultos. Si bien ambos trabajaban, le molestaba que no contribuyeran para solventar los gastos del hogar y que ni siquiera ayudaran en las tareas domésticas. Había intentado varias veces convencerlos de que buscaran un alojamiento independiente, pero ambos se negaron en repetidas ocasiones.

El abandono físico del bien debe encontrarse acreditado de manera fehaciente e indubitable y no sobre la base de una “presunción”. Tal conforme razona equivocadamente el a quo, por cuanto el hecho que la accionante haya efectuado un “gran movimiento migratorio” no puede servir como sustento objetivo para razonar que ha existido un alejamiento de la recurrente en relación al predio, tanto más cuando el alejamiento físico del bien no genera per se una pérdida de la posesión.

Las reglas de la prevención del daño se describen como una fuente de deber de los sujetos que conviven en una sociedad, en las limitaciones de cuanto ella dependa, de evitar un daño no justificado, o bien adoptar todas aquellas medidas, y conforme a las circunstancias, que sean razonables para evitar que se produzca el daño o evitar la magnitud del ya producido.

No se advierte una transgresión constitucional atribuible a las normas cuya inaplicabilidad se solicita y entendiendo que gran parte de las objeciones dicen relación con eventuales vicios en el procedimiento que deberán ser acreditados por el reclamante de ilegalidad y establecidos o descartados por el Tribunal Ambiental, el presente requerimiento no puede prosperar.

En el presente caso, está claro que ambas partes esperaban recibir el producto de la póliza de seguro de vida. Sin embargo, las consideraciones residuales favorecen a la actora, dado que su contribución al pago de las primas en realidad mantuvo viva la póliza e hizo posible el derecho de la demandada a recibir el producto tras la muerte del causante.

La administración de una comunidad de dueños de departamentos dedujo recurso de protección para resolver esta irregularidad, en circunstancias que posee reglamento interno que castiga la práctica de “arriendos por el día”, debido a que el edificio tiene un rol habitacional y no de hospedaje.