El Tribunal determinó que la empresa denunciada cumplió con los protocolos de seguridad, ya que los guardias acudieron rápidamente a separar a los involucrados, evitando así un conflicto mayor.

El Tribunal determinó que, si la pieza publicitaria no indicaba en ningún acápite que se trataba de una oferta, debe entenderse que sólo informa respecto del mínimo precio de compra.

El Tribunal condenó al establecimiento demandado a restituir el monto pagado por el servicio deficiente, el que además tuvo que resarcir el daño moral ocasionado a la paciente afectada.

La empresa alegó que tal cancelación se debió a la necesidad de hacer una mantención de los motores, luego de que el fabricante notificara de un problema en el software de seguridad de navegación, situación que se enmarca en el concepto de fuerza mayor.

La entidad financiera se limitó a señalar que realizó el abono del monto sustraído, sin que haya acreditado esa situación, la que, por lo demás, fue desconocida expresamente por la querellante.

El Tribunal determinó que no resultaba justo que el consumidor asumiera los efectos ocasionados por la negligencia y la falta de información de parte de la denunciada, más si ya había cumplido con sus obligaciones contractuales.

La clínica recurrente alegó que la rebaja de multa a la que accedió el Tribunal resolviendo la reposición no fue sustancial, por lo que, viéndose agraviado con dicha resolución, lo que correspondía era su enmienda vía apelación.

La consumidora afectada accionó también contra la distribuidora oficial de la marca en Chile, sin embargo, el Tribunal estableció la falta de legitimación pasiva, puesto que el vehículo con fallas no había sido vendido por dicha empresa, no configurándose así una relación de consumo.

La empresa indicó que se trataba de un error involuntario, debido a que la oferta provenía directamente desde España y que era el diario quien ajustaba el tamaño de los textos.

Se concluye finalmente el proceso seguido –en sede de libre competencia- en contra de las coludidas empresas productoras de carne de pollo por afectación al interés difuso de los consumidores nacionales.