El Tribunal resolvió que dicha cláusula no produce efecto alguno, por cuanto rompe la equidad entre los contratantes, dejando a uno de ellos en la indefensión, y limita absolutamente la responsabilidad del Colegio ante los padres y apoderados.

La denunciada señaló que en la sucursal fiscalizada contaba con un autoconsultor de precios, que es equivalente a exhibir en un listado la totalidad de precios, ya que los mismos se encuentran disponibles a todo público sin necesidad de asistencia de terceros.

La Ley N° 20.009 contiene un procedimiento sumario que sólo tiene por objeto perseguir la responsabilidad de un usuario de productos bancarios, cuando ha actuado con culpa o dolo en el manejo de los mismos.

En base a la carga dinámica de la prueba, el Tribunal solicitó al proveedor que hiciera entrega de los comprobantes de compra de los bienes adquiridos, bajo apercibimiento de tener por acreditado lo señalado en la denuncia y demanda civil.

En avenimiento, la empresa denunciada ofreció pagar $165.000.- por concepto de daño material, monto que fue aceptado por la consumidora afectada que, en consecuencia, se desistió de la acción civil incoada. En lo infraccional se le impuso una multa a beneficio fiscal de 10 UTM.

El aviso publicitario debería bastarse a sí mismo a fin de proporcionar al consumidor la debida información, logrando una total transparencia, equilibrio y seguridad en las relaciones de consumo.

La obligación de declarar el contenido de la encomienda dispuesta por el proveedor en las condiciones del servicio no es aplicable al cliente, el que puede acreditar por cualquier medio de prueba el contenido y valor real del envío.

Lo dispuesto en el artículo 3° letra d) de la Ley N° 19.496, debe apreciarse igualmente como un deber del consumidor de evitar los riesgos que puedan afectarle.

La Corte revocó la sentencia condenatoria de primera instancia, tras determinar que no se había acreditado que el local denunciado efectivamente había prestado el servicio de instalación de los repuestos, considerando que ese tipo de establecimientos también realiza ventas sin asesoría ni instalación.

No corresponde atribuir al supermercado denunciado responsabilidad alguna en el siniestro, no obstante haberse acreditado un acto de consumo en el lugar, debiendo haberse dirigido la acción en contra del centro comercial donde efectivamente se estacionó el automóvil.