La decisión obedece a que se denuncia un conflicto contractual y reclaman derechos que deben ser debatidos y probados en un procedimiento judicial.
El tribunal de alzada estimó que la presunción judicial hecha por el juez a quo se hizo en base a indicios que no revestían el carácter de graves, precisos y concordantes, como exige el artículo 1712 del Código Civil.
El tribunal estableció que, independiente de que el hecho haya sido cometido por terceras personas, esto no exime de responsabilidad a la empresa denunciada, pues le son exigibles medidas de cuidado que cautelen la seguridad de sus consumidores.
Ante una denuncia de transacciones fraudulentas, es deber del proveedor acreditar la veracidad de las operaciones bancarias, al contar con los medios físicos y tecnológicos para ello.
La acción busca proteger el interés colectivo y difuso de los consumidores que se vieron afectados por productos presuntamente defectuosos, luego que la empresa emitiera una alerta a nivel mundial sobre el uso de los mismos.
Cualquier daño sufrido por el consumidor compromete la responsabilidad objetiva del proveedor.
Los proveedores del servicio médico se encontraban obligados a observar el deber de seguridad en la atención de la actora y su hija.
El demandado mantuvo un evidente desinterés en dar solución a la consumidora que sufrió la sustracción de su teléfono en la sucursal bancaria.
La iniciativa persigue proteger a los consumidores ante el incumplimiento de empresas que ofrecen servicios de contratación de vuelos, hoteles y otros similares.
Sanciona a los proveedores de créditos y a las empresas de cobranza que efectúen más de un contacto telefónico o visita por semana con el fin de informar el cobro de una obligación dineraria.
