El documento subraya la necesidad de una intervención internacional para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional y prevenir el agravamiento de la situación de seguridad. Según el informe, de no adoptarse medidas inmediatas, existe el riesgo de que las organizaciones delictivas amplíen su control territorial, lo que dificultaría las medidas gubernamentales e internacionales.
La OSCE reitera la necesidad de que todas las partes en el conflicto respeten el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, enfatiza la importancia de adoptar mecanismos efectivos para investigar y sancionar las presuntas violaciones documentadas, con el fin de garantizar la rendición de cuentas conforme al derecho internacional.
El informe menciona específicamente la alegación de que la mayoría de estas muertes se atribuyen a la falta de cumplimiento de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en las operaciones militares, principios esenciales del derecho internacional humanitario. A su vez, el documento examina la posibilidad de un patrón de segregación y fragmentación de las comunidades palestinas.
El informe detalla episodios de violencia sexual, uso de descargas eléctricas y otras formas de agresión física durante los interrogatorios, como golpizas, quemaduras y exposición prolongada a descargas eléctricas en contacto con agua. Estos métodos se identifican como parte de un patrón de trato severo e inhumano dirigido a personas bajo custodia.
En su Declaración de Intervención, Bolivia hace referencia a la crisis humanitaria que afecta a Gaza, resaltando su preocupación por el presunto incumplimiento de Israel respecto a las órdenes previas emitidas por la CIJ en relación con medidas provisionales.
El aumento de la violencia ha generado una crisis humanitaria significativa. Para mediados de 2024, se estima que más de 580.000 personas han sido desplazadas, muchas de ellas menores de edad, debido a que las zonas bajo control de las pandillas se han vuelto inhabitables.
El artículo 1 de la Convención prohíbe explícitamente que los Estados Partes colaboren o faciliten la realización de actividades prohibidas relacionadas con municiones en racimo. Sin embargo, se menciona que algunos países miembros podrían haber incumplido este principio.
Según el informe, desde el 7 de octubre de 2023, miles de palestinos han sido detenidos, incluidos al menos 40 miembros del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). Entre los detenidos se encuentran hombres, adolescentes, mujeres y niñas. Datos de una organización de presos palestinos indican que, entre el 7 de octubre de 2023 y el 28 de mayo de 2024, fueron detenidas 8.910 personas, incluidas 295 mujeres y 630 niños.
Un informe de la ONU documentó violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades iraníes durante este periodo de disturbios, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, desapariciones forzadas y persecución basada en género.
La ley permite a las entidades locales implementar o apoyar acciones de cooperación internacional, ayuda al desarrollo o humanitarias, sin que estas deban responder a un interés público local específico ni involucrar a autoridades extranjeras. Estas acciones deben respetar los compromisos internacionales de Francia y no interferir en la conducción de las relaciones internacionales por parte del Estado.
El Gobierno de Colombia presenta la presente Declaración de Intervención con la creencia genuina de que los Estados partes en la Convención sobre Genocidio deben hacer todo lo que esté a su alcance para contribuir a asegurar la prevención, represión y castigo del genocidio.
