Una ley que buscar erradicar los matrimonios infantiles, también debe regular, en los casos de los matrimonios celebrados en el extranjero y que se declaran nulos conforme a la ley alemana, los efectos de la declaración de nulidad.

Los demandados son condenados a reparar el daño causado por un tercero a la familia de la víctima fallecida, bastando para acceder a este derecho demostrar la concurrencia del perjuicio, nexo causal entre la conducta y el daño ocasionado.

Precisa que durante todo el procedimiento de retiro –y eventual desalojo- se deberán respetar y resguardar la dignidad e integridad de los ocupantes irregulares, quienes deberán ser debidamente informados de las medidas en su contra.

Los primeros demandaron ante tribunales y obtuvieron sentencias favorables en contra de las municipalidades en donde se desempeñaban. Sin embargo, en el supuesto que los recurrentes obtengan fallos a su favor –y tengan un título ejecutivo que reconozca sus derechos- la resolución de la Corte IDH también surtiría efectos respecto de ellos.

Adopta esta decisión sobre la base de las directrices entregadas por el Derecho Internacional –garantías fundamentales y dignidad de los ocupantes-, las cuales deberán ser consideradas durante todo el procedimiento de retiro y el eventual desalojo de las personas, encontrándose las autoridades competentes en calidad de garantes de estos lineamientos.

Cuando se trata de buques que cumplieron con el deber fundamental de prestar auxilio a las personas que se encuentran en peligro en el mar, las normas de seguridad no serán consideradas cuando las personas se encuentren a bordo, pero sí cuando hayan terminado de desembarcar.

El reclutamiento no implica en sí la existencia de un riesgo real que merezca ser amparado. El Derecho internacional consuetudinario reconoce el llamado obligatorio de los ciudadanos a cumplir el servicio militar en su país.

Desde el punto de vista jurídico, señala la Corte, resulta importante analizar la entrega de ciertos beneficios a nacionales o ciudadanos de una jurisdicción, y la calidad jurídica que los mismos deben poseer, pues el establecimiento de condiciones de acceso a garantías prestacionales que fija el Estado, debe realizarse previniendo la generación de actos que puedan considerarse discriminatorios, en razón de la legislación vigente, y asimismo los tratados internacionales que se hayan ratificado y que se encuentren vigentes.

La sentencia del Tribunal Constitucional sostuvo que los tribunales inferiores que aplicaron las penas previamente descritas no vulneraron el principio de legalidad penal, al entender que la providencia dictada por la Magistratura Constitucional posee la naturaleza propia de una “resolución judicial”, la cual tiene carácter ejecutivo.

Mediante de un comunicado, la Cancillería transandina señaló que tomó conocimiento de una «medida del gobierno de Chile» publicada en el Diario Oficial «relativa a espacios marítimos», afirmando que «no es aceptable» y que buscará una solución «a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos».