Previo a esta ley, Zimbabue mantenía un estatus de moratoria de facto sobre la pena de muerte, ya que la última ejecución se realizó hace casi 20 años. No obstante, no existía una declaración formal que prohibiera su aplicación, ni tampoco una derogación de las disposiciones legales que la contemplaban.

Actualmente nos enfrentamos a una realidad alarmante, en donde los antiguos principios y garantías que supieron nutrir y enriquecer a lo que se conoce como Derecho Penal Liberal, están seriamente amenazados. Toda una nueva tendencia profundamente punitivista, alimentada por múltiples factores sociales, políticos y económicos, pretenden cambiar los esquemas concebidos desde antaño, y que significaron grandes logros en el progreso de la humanidad.

Los peligros de la ausencia de control judicial de la desinformación y el uso de la inteligencia artificial por populistas digitales extremistas a través de X, especialmente durante el periodo electoral, son gravísimos y ponen en peligro la soberanía popular y el sistema democrático.

Con relación al principio de confianza, el mismo aplica en supuesto de una actividad en común con multiplicidad de personas intervinientes y roles distribuidos; situación que en este caso concurre. Su aplicación exige además que no existan indicios de falta de diligencia en los anteriores eslabones de la cadena, lo que en modo alguno fue alegado en el caso.

Esta teoría encuentra aplicabilidad en el derecho penal a través de su influencia en la atribución de responsabilidad penal, especialmente en casos donde se contemplan conceptos como el dolo eventual, la legítima defensa y el estado de necesidad.

Roberto adoptó una actitud imperdonable con su expareja, con la que ya no estaba desde 2020. Tras romperse la relación, decidió entrar en la habitación en la que dormía su expareja con su hija para vulnerar su intimidad y colocarle un dispositivo de grabación de audio con forma de mechero para enterarse de todos sus secretos.

La exclusión de prueba es una resolución de enorme importancia para el resultado de un juicio, que es expedida por un juez unipersonal, sobre la base de parámetros flexibles o poco precisos, y en que está en juego la libertad de una persona. Por ello garantizar la oportunidad de recurrir de apelación para que se revise dicha determinación judicial y minimizar el riesgo de error es una exigencia de racionalidad y justicia, razona el voto por acoger.

El pecado y el delito durante mucho tiempo estuvieron identificados, siendo difícil deslindar el uno del otro, pues tanto el pecado, como el delito contravienen un mandato moral; en el caso del pecado ese mandato moral es para con Dios y, en el caso del delito, dicho mandato es para con los hombres. Javier Nistal Burón explica en su artículo cómo la justicia divina se convirtió en humana.

La mujer que profirió tales palabras tendrá que pagar al afectado 300 euros de indemnización.

Aunque calificada de sanción administrativa por la normativa nacional, una multa pecuniaria impuesta a una compañía por la autoridad nacional competente en materia de protección de los consumidores para sancionar prácticas comerciales desleales constituye una sanción penal cuando persigue una finalidad represiva y presenta un nivel de gravedad elevado.