Aunque calificada de sanción administrativa por la normativa nacional, una multa pecuniaria impuesta a una compañía por la autoridad nacional competente en materia de protección de los consumidores para sancionar prácticas comerciales desleales constituye una sanción penal cuando persigue una finalidad represiva y presenta un nivel de gravedad elevado.

El acusado viajaba de copiloto en un vehículo que fue fiscalizado por Carabineros, momento en que uno de los funcionarios percibió el hedor a cannabis y vio al imputado desprenderse de una bolsa que contenía marihuana, indicios suficientes para efectuar un control de identidad a todos los ocupantes del vehículo en atención al artículo 85 del Código Procesal Penal.

Personal de Carabineros solicitó permiso para ingresar al domicilio del acusado tras percibir fuertes olores a cannabis desde las afueras del lugar, percatándose al momento del ingreso que el imputado mantenía cultivos indoor en diferentes habitaciones de la casa.

La policía envió al funcionario luego de observar a una persona salir con “unos sobrecitos blancos” desde la casa de la acusada, que al ser registrada con posterioridad tenía en su poder papelillos de pasta base y dinero en efectivo producto de la venta de los estupefacientes.

El Ministerio Público intentó anular el fallo y solicitar un mayor castigo, debido a que en su opinión los hechos acusados son constitutivos de un concurso ideal de delitos, y no de un concurso aparente de normas penales. No obstante, el máximo Tribunal estimó que en aplicación del principio “non bis in ídem”, debía preferirse la sanción establecida en el artículo 196 Nº2 de la Ley Nº18.290, que subsume todos los resultados en un solo tipo penal.

El Tribunal Oral de Linares otorgó sólo dos días al letrado para preparar la defensa del acusado en un Juicio Oral ya iniciado y de carácter complejo, en el que se investigaban once hechos delictivos cometidos por una banda criminal, siendo materialmente imposible conocer en tan breve tiempo todos los antecedentes del caso para preparar una adecuada asistencia jurídica.

La policía detuvo al imputado luego de recibir una denuncia anónima que describía como vestía y el lugar donde se encontraba -supuestamente- vendiendo drogas. No obstante, los agentes no registraron la identidad del denunciante, y no acreditaron observar una conducta sospechosa que les hiciera suponer que el acusado hubiera cometido -o se dispusiera cometer- el delito denunciado, por lo que el control y posterior detención fue declarado ilegal.

El fallo de primer grado desestimó una demanda de terminación de contrato de arriendo, luego de analizar un contrato acompañado por la demandada que daba cuenta que un tercero ajeno al juicio era el arrendador del inmueble y no el actor. Posteriormente, la magistratura penal condenó a la arrendataria por presentar prueba falsa en juicio civil, al determinar que la firma estampada en la convención no correspondía al tercero que supuestamente concurrió al acto.

El ministro instructor del máximo Tribunal -Sergio Muñoz-, acogió el pedido de extradición, pero no hizo lugar a la entrega del requerido -que actualmente se encuentra cumpliendo dos condenas por robo en la cárcel de La Serena-, debido a que “el traslado podría afectar el genuino esfuerzo observado en el encartado para reinsertarse a la sociedad, así como su arraigo familiar”. Ordenó que la investigación y juzgamiento se sigan en Chile.

El acusado fue sorprendido manejado un vehículo encargado por robo, y al ser fiscalizado por Carabineros exhibió a los agentes documentación adulterada, lo que motivó el control de identidad y registro posterior, descubriéndose adulteraciones en la chapa de la puerta del piloto y en el número de chasis del móvil, y el imputado no pudo acreditar que desconocía el origen ilícito del vehículo.