El imputado fue sorprendido por personal de Carabineros en la parcela de un vecino -a quien originalmente habrían denunciado por narcotráfico-, y al negarse al ingreso de la policía al inmueble, los agentes solicitan la autorización judicial pertinente, ingresando al domicilio encontrando plantas de cannabis y diversos contenedores que almacenaban la sustancia a granel.

El acusado acreditó que utiliza la planta para elaborar productos que emplea para su tratamiento contra la esclerosis múltiple, por lo que no existe antijuridicidad material en dicha conducta, a la luz de lo establecido en el artículo 8 de la Ley N°20.000.

El acusado robó un vehículo a un particular en Iquique, y al ser sorprendido por Carabineros, huyó del lugar tratando de atropellar a un agente, actitud que evidencia la intención de matar que poseía el encartado con el fin de evitar su captura.

El acusado intentó anular el fallo, indicando que la conducta de entregar un paquete y recibir dinero por ello constituye un acto neutro, pero el máximo Tribunal, en cambio, determinó que los agentes que detuvieron al imputado actuaron amparados en el artículo 85 del Código Adjetivo, pues luego de observar la presunta transacción de droga, se acercaron a verificar la efectividad de dicho indicio.

La diputada refirió que la incomodidad que pudiera causar una crítica política no transforma aquellos dichos en injuriosos. Asimismo, adujo que, “(…) decirle a alguien ciego que, en realidad, sí ve, al menos por un ojo, no es, no puede ser, una injuria, pues no se advierte con ello la ofensa o el insulto”.

El recurrente fue condenado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, pero ante el tribunal no se rindió prueba que lo vinculara con la tenencia de las armas y municiones incautadas en el domicilio en que fue detenido junto a otro coimputado, infringiéndose de esta forma el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal.

En la audiencia de lectura de sentencia sólo se informó a la acusada de la parte resolutiva del fallo, omitiendo el tribunal dar a conocer la totalidad de la sentencia, vulnerando con ello el derecho a defensa y a deducir recurso.

El acusado intentó anular la sentencia alegando que la policía no advirtió el derecho que tenía su hermana de negarse a declarar en contra de un familiar, circunstancia que fue desechada por el máximo Tribunal al verificar la situación de flagrancia en la que se encontraba el imputado.

La obligación establecida en los artículos 39, 396 y 405 del Código Procesal Penal, debe ser cumplida por la magistratura aun cuando el delito sea de acción penal privada y el resultado de la decisión sea la absolución, pues de omitir dicha exigencia, el tribunal priva a los intervinientes de ejercer su derecho a recurso al desconocer los fundamentos del fallo.

El juez de base sólo dio a conocer la parte resolutiva del fallo, incumpliendo con lo establecido en los artículos 39 y 396 del Código Procesal Penal, relativos a la obligación de dar a conocer de forma escrita e íntegra la sentencia condenatoria.