El acusado intentó anular el fallo, indicando que la conducta de entregar un paquete y recibir dinero por ello constituye un acto neutro, pero el máximo Tribunal, en cambio, determinó que los agentes que detuvieron al imputado actuaron amparados en el artículo 85 del Código Adjetivo, pues luego de observar la presunta transacción de droga, se acercaron a verificar la efectividad de dicho indicio.

La diputada refirió que la incomodidad que pudiera causar una crítica política no transforma aquellos dichos en injuriosos. Asimismo, adujo que, “(…) decirle a alguien ciego que, en realidad, sí ve, al menos por un ojo, no es, no puede ser, una injuria, pues no se advierte con ello la ofensa o el insulto”.

El recurrente fue condenado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, pero ante el tribunal no se rindió prueba que lo vinculara con la tenencia de las armas y municiones incautadas en el domicilio en que fue detenido junto a otro coimputado, infringiéndose de esta forma el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal.

En la audiencia de lectura de sentencia sólo se informó a la acusada de la parte resolutiva del fallo, omitiendo el tribunal dar a conocer la totalidad de la sentencia, vulnerando con ello el derecho a defensa y a deducir recurso.

El acusado intentó anular la sentencia alegando que la policía no advirtió el derecho que tenía su hermana de negarse a declarar en contra de un familiar, circunstancia que fue desechada por el máximo Tribunal al verificar la situación de flagrancia en la que se encontraba el imputado.

La obligación establecida en los artículos 39, 396 y 405 del Código Procesal Penal, debe ser cumplida por la magistratura aun cuando el delito sea de acción penal privada y el resultado de la decisión sea la absolución, pues de omitir dicha exigencia, el tribunal priva a los intervinientes de ejercer su derecho a recurso al desconocer los fundamentos del fallo.

El juez de base sólo dio a conocer la parte resolutiva del fallo, incumpliendo con lo establecido en los artículos 39 y 396 del Código Procesal Penal, relativos a la obligación de dar a conocer de forma escrita e íntegra la sentencia condenatoria.

La identificación mediante el registro de las cámaras de seguridad del recinto, fue fundamental para dar con el paradero del imputado, quien fue sorprendido en su domicilio ocultando las especies sustraídas.

Un guardia de seguridad detuvo al acusado al observar que se disponía a abrir vehículos estacionados en un mall con un control universal. Posteriormente, lo trasladó a una oficina donde el infractor le entregó el control universal y un destornillador modificado para abrir cerraduras, actuación autónoma que no infringe el debido proceso, pues no altera las funciones de los agentes policiales que arribaron unos minutos después al lugar de los hechos.

Estimó que la decisión del tribunal de base de condenar a los encartados por un delito de lesiones en concurso con un cuasi delito de homicidio es errada, debido a que del propio fallo condenatorio se desprende la existencia de dolo eventual y, en tal sentido, la calificación de los hechos debió ser la de homicidio simple.