La Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección; y a condiciones de trato equitativo y digno.

Como se desprende de la mera lectura de las cláusulas, la finalidad perseguida es la de liberarse de responsabilidad y del pago de sumas de dinero que, por derecho, corresponden a los usuarios o consumidores del servicio, lo que genera un enriquecimiento de la proveedora en desmedro de los primeros.

Si hablamos de vacaciones familiares, hoy muchas familias consideran indispensable viajar con sus mascotas, sin embargo, lo que debería ser un viaje de placer, agradable o al menos que cumpla con las condiciones que las aerolíneas ofrecen, se puede convertir en un desagrado total y más aún en un doble o triple gasto para el dueño de la mascota.

La garantía de funcionamiento permite al consumidor gozar de una reparación que solucione el problema al producto y para la hipótesis que resulte insatisfactoria o no satisfactoria proceder a la resolución del contrato o la retención del producto, con disminución del precio. Ello implica que el bien adquirido puede cumplir o no con la finalidad de su adquisición.

La magistrada señaló que los demandantes no identificaron compras específicas que hubieran realizado de manera diferente o alternativas de menor precio que podrían haber adquirido a otros vendedores. No obstante, otorgó a los demandantes un plazo de 30 días para presentar una nueva demanda enmendada.

La representación de la parte actora se circunscribe al colectivo de los consumidores que hubieran efectuado una o más compras con tarjeta de crédito y/o débito en cualquiera de las sucursales de las tiendas de Cencosud (en cualquiera de sus marcas), y cuyos datos personales se encontraban en las bases de datos de titularidad del demandado a la fecha de cualquiera de las dos brechas informáticas.

El hecho de que un tercero suscriba un contrato de Cesión de Derechos de Sepultura y/o Prestación de Servicios Funerarios con la demandante, no implica –per se– que dicha persona se encontrará facultada para disponer de los restos de la persona fallecida, en tanto que deberá contar previamente con la autorización de un familiar cercano, debiendo este suscribir una Declaración Jurada, la cual a su vez deberá ser presentada ante la empresa demandante.

El diseño de la aplicación podía inducir a los consumidores a creer que el monto predeterminado de la propina debía ser pagado obligatoriamente, lo cual contradice el carácter voluntario de dicho concepto.

El profesional debe informar al consumidor, antes de realizar el pedido en Internet, que mediante el pedido queda sujeto a una obligación de pago. Esta obligación del comerciante se aplica con independencia de si la obligación de pago del consumidor es incondicional o de si este solo está obligado a pagar al comerciante después del cumplimiento posterior de una condición.

Frente al consumidor no importa determinar quién fue efectivamente el verdadero autor del daño: los partícipes en la cadena de circulación de los bienes son solidariamente responsables frente a aquél por el solo hecho de haber tenido esa intervención. Esto conduce a descartar que el vendedor pueda considerarse “ajeno”, toda vez que la norma parte del presupuesto de que los responsables han participado en la actividad generadora del daño.