Se ha enfatizado la necesidad de monitorear el cumplimiento de Temu con sus obligaciones como una «plataforma en línea muy grande» (VLOP), conforme a la DSA, que exige niveles más altos de transparencia y responsabilidad.
La normativa aplicable contiene dos exigencias expresas que no han sido respetadas. La primera es que la recepción de la factura en papel es considerada un derecho incondicionado del usuario. Y, en segundo lugar, que la renuncia ha dicho derecho no solo ha de ser expresa, sino que ha de manifestarse mediante un procedimiento directamente contemplado en la propia ley.
La recurrente no desvirtúa las conclusiones del pronunciamiento como lo exige la norma. No se pasa por alto que la sentencia concluyó que las codemandadas en este proceso fueron ajenas a las causas de los daños sufridos por el demandante, quien en una madrugada de lluvia, sin intervención de otros vehículos, se llevó por delante un guardarraíl divisor de una salida de la autopista.
Conforme lo dispone la Convención de las Personas con Discapacidad, es obligación de quienes integramos uno de los poderes del Estado Argentino, adoptar todas medidas y ajustes razonables destinados para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
No solo la accionada ha acreditado haber implementado y mantenido varios y rigurosos sistemas de control en el proceso de elaboración del producto cuestionado, sino que en autos hay fuertes indicios que permiten tener por cierto que la alteración del contenido del envase se produjo fuera del establecimiento de la accionada.
La empresa demandada no solo no ha dado cumplimiento al régimen legal precitado, sino que deberá de resarcir al actor. Ello por cuanto el mismo, en su calidad de usuario y haciendo uso de sus derechos, se inscribió en el Registro Nacional “No Llame” y, a pesar de ello, continuó recibiendo oferta de productos y servicios en clara infracción al mismo, lo que deja en evidencia una clara violación al deber de trato digno.
La representante Cathy McMorris Rodgers ha subrayado la importancia de proteger a los ciudadanos contra la explotación de sus datos por parte de grandes corporaciones tecnológicas. La ley propuesta busca poner fin a prácticas como el seguimiento y la manipulación de comportamientos sin el consentimiento claro de los usuarios.
Una vez reactivada la actividad y levantada la barrera sanitaria, eran las empresas las que debían dar cumplimiento a la prestación contratada. Lo contrario, devendría en un enriquecimiento incausado de las empresas en perjuicio de los consumidores.
El pasajero debe poder dar su consentimiento libre e informado al reembolso de su billete en forma de un bono de viaje en lugar del reembolso en dinero. Esto implica que el transportista aéreo haya facilitado, de manera leal, información clara y completa sobre las distintas modalidades de reembolso que estaban a disposición.
No se aprecia que la disposición contenida en los comunicados que informaron sobre las opciones de devolución del monto de las entradas, por la cancelación del concierto del grupo Guns N’ Roses, constituya un contrato de consumo por adhesión o cláusulas generales de contratación toda vez que no reúne las características para tales efectos.
