Las cláusulas del contrato de promesa que fueron objetadas establecen un pacto comisorio calificado en favor del proveedor, obligando al consumidor a renunciar a sus derechos, y la empresa podía modificar la ubicación del inmueble prometido a su antojo.

La obligación de seguridad consiste, precisamente, en una garantía de indemnidad. Su incumplimiento se produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba adicional. Desde el momento en que el consumidor traspasa la línea e ingresa al ámbito de propiedad privada del centro de consumo, comienza a regir el marco tuitivo Constitución Nacional y de la Ley del Consumidor.

La normativa prevé que el Ministerio de Educación otorgue la validez nacional de los títulos y certificados, reconociéndolo como oficial a los fines de asegurar el ordenamiento y cohesión del sistema educativo nacional. Pero en ningún lugar surge el carácter “estatal” a la que se refiere la recurrente.

Como es de público y notorio conocimiento, contar hoy en día con internet no es un lujo, sino una necesidad, y no solo a los fines de esparcimiento, sino también para la educación, el trabajo, y la interconexión con los demás. El acceso a Internet es considerado, hoy, un derecho humano altamente protegido.

La demandante acompañó la botella gaseosa certificada ante notario junto a una constancia que da fe pública que se encontraba cerrada, prueba que pudo ser desvirtuada si se demostraba, con elementos idóneos y convincentes, que la tapa de la botella había sido violentada o intervenida en modo alguno por un tercero; lo que no sucedió.

La libertad de expresión no solo atañe al derecho individual de emitir y expresar el pensamiento, incluye también el derecho social a la información de los individuos que viven en un Estado democrático.

La aplicación del principio favor debilis permite equiparar la asimetría de conocimientos que los contratantes tienen de la cosa vendida, por estimarse que el comprador no posee la instrucción adecuada para determinar si el bien adquirido cumple con lo ofertado en la publicidad.

Tal conducta no está justificada a la luz de la normativa contractual, ni era la esperable en el marco de un contrato de consumo.

El máximo Tribunal descartó falta o abuso grave de los jueces recurridos al acoger la acción interpuesta por el Servicio Nacional del Consumidor, por estimar que en la especie se logró establecer la responsabilidad infraccional del banco en los hechos denunciados.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que ratificó la de primer grado que se acogió parcialmente la acción colectiva deducida por el Servicio Nacional de Consumidor (Sernac).