El rol activo que debe desplegar el Estado para la mantención de la seguridad de la población y el orden público, es fundamental, por cuanto la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, son conductas reprochables que impiden el ejercicio de varios derechos de la persona.
El recurrente pretende que la Corte valore nuevamente la prueba y se acoja su denuncia de derechos fundamentales, pretensión que no cabe en el sistema recursivo laboral.
Se aprecia una correcta interpretación de las normas, las que fueron analizadas en forma lógica y concordante, y derivan en la conclusión de que el plazo para interponer la demanda había concluido a la fecha de la presentación de la demanda.
La requirente estima que las sanciones aplicadas por la Corte de Apelaciones son desproporcionadas.
La Corte hizo un llamado de atención al órgano electoral del país por la alta abstención observada durante las elecciones de los Consejos Municipales de Juventudes de 2021, atribuida a la falta de locales de votación en zonas rurales.
La actuación de la recurrida perdió su causa y sustento jurídico, por lo que deviene en ilegal y arbitraria, luego que se declarara inaplicable por inconstitucional el artículo 4, inciso primero, segunda parte, de la ley 18.886.
La interferencia en los derechos fundamentales del personal de salud está justificada por la protección de los grupos más vulnerables a la pandemia, lo que constituye un interés jurídico de mayor trascendencia que debe ser cautelado por el legislador, dado que está en riesgo el bien común.
Daniel Mendoza, director de Matarife, atribuyó al ex mandatario conductas de gran condena social que socavaron su prestigio ante la opinión pública en forma desproporcionada e injustificada.
Los niños son sujetos de protección especial y, por ello, las decisiones que los afecten deben regirse por su interés superior, en especial cuando está involucrada su educación, libertad de expresión y libertad artística, los cuales son derechos fundamentales.
Tanzania incurrió en responsabilidad al negar los antecedentes procesales a un condenado a 30 años de prisión por delitos de robo, lo cual impidió que ejerciera una debida defensa ante tribunales.
La autoridad no activó los protocolos adecuados para prevenir el homicidio de la mujer.
