La Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó el reintegro de más de $8 millones percibidos indebidamente por un médico del Hospital Regional de Copiapó, al haber postulado sin declarar inhabilidad manifiesta.
Aunque las formulaciones pueden variar, la inmensa mayoría de la literatura coincide en que el test de proporcionalidad tiene una estructura específica, que sigue y coincide con la planteada en la influyente obra de Robert Alexy (2002a), y que, por simplicidad, podríamos llamar el modelo “alemán” o “alexiano”.
Cuando se habla de la afectación permanente y grave de la tranquilidad de un vecino a través de inmisiones (en el caso el ruido) que superan la «normal tolerancia», sin duda se trata de una cuestión en donde hay que mantener un delicado equilibrio entre el derecho a una vida saludable y tranquila por un lado, y las exigencias de la producción y la libertad de los individuos de hacer todo lo que no está prohibido.
El recurrente pretende que la Corte valore nuevamente la prueba y se acoja su denuncia de derechos fundamentales, pretensión que no cabe en el sistema recursivo laboral.
Se aprecia una correcta interpretación de las normas, las que fueron analizadas en forma lógica y concordante, y derivan en la conclusión de que el plazo para interponer la demanda había concluido a la fecha de la presentación de la demanda.
La requirente estima que las sanciones aplicadas por la Corte de Apelaciones son desproporcionadas.
La Corte hizo un llamado de atención al órgano electoral del país por la alta abstención observada durante las elecciones de los Consejos Municipales de Juventudes de 2021, atribuida a la falta de locales de votación en zonas rurales.
La actuación de la recurrida perdió su causa y sustento jurídico, por lo que deviene en ilegal y arbitraria, luego que se declarara inaplicable por inconstitucional el artículo 4, inciso primero, segunda parte, de la ley 18.886.
La interferencia en los derechos fundamentales del personal de salud está justificada por la protección de los grupos más vulnerables a la pandemia, lo que constituye un interés jurídico de mayor trascendencia que debe ser cautelado por el legislador, dado que está en riesgo el bien común.
Daniel Mendoza, director de Matarife, atribuyó al ex mandatario conductas de gran condena social que socavaron su prestigio ante la opinión pública en forma desproporcionada e injustificada.
Los niños son sujetos de protección especial y, por ello, las decisiones que los afecten deben regirse por su interés superior, en especial cuando está involucrada su educación, libertad de expresión y libertad artística, los cuales son derechos fundamentales.
