La sentencia declaró que los Estados «tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada» de forma pública o privada.
Cinco de las siete comisiones temáticas del trabajo constituyente ya definieron a los rostros que liderarán la tarea.
El Tribunal acogió en todas sus partes la acción y declaró que el despido verbal del conductor carece de causa legal y, por tanto, resulta injustificado y, además, vulneratorio del derecho a la integridad psíquica y a la honra del denunciante.
La intimidad es un derecho personalísimo que emana de la dignidad humana.
Además, el fallo condena a la empresa al pago de 6.000 euros por concepto de daños morales en favor de la trabajadora.
Criminalizar a los acusados por el hecho de que en el ejercicio de su derecho de protesta decidieran no quitarse las cadenas y abandonar el lugar ante el requerimiento policial, presentando en todo momento una conducta pacífica, supondría dejar vacío de contenido y desvirtuar la naturaleza de los derechos fundamentales que les amparan.
La moción señala que los derechos reconocidos a la Madre Tierra serán susceptibles de protección mediante acción de protección, existiendo una acción pública para su interposición.
La relación contractual de los actores se regía por el Estatuto de Atención Primaria de Salud.
El pronunciamiento complementa el Dictamen N°1124/010 del 30 de marzo de 2021.
El hecho denunciado podría constituir una eventual amenaza de la libertad ambulatoria de los menores.
